El 13 de noviembre de 1991, en Barrios Altos, jirón Huanta 840, 10.30 de la noche, Javier Ríos Rojas, 8 años, hijo del organizador de una pollada, fue perseguido por el grupo paramilitar Colina, y acribillado de un balazo en la cabeza. Javier, junto a su padre Manuel Isaías Ríos Pérez, fue una de las 15 personas asesinadas esa noche por el referido comando delincuencial, cuyos miembros ocultaban sus rostros con pasamontañas. Al retirarse dejaron en el escenario del crimen 111 casquillos y 33 balas. En 1995, el entonces presidente Alberto Fujimori pretendió otorgar a esa masacre y a sus autores –que se hallaban bajo la protección de su gobierno– un manto de impunidad con sus leyes de amnistía y el archivamiento del proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos varió esta situación y ordenó reabrir el caso, lo que finalmente ocurrió. En octubre de 2010 la Sala Penal presidida por Inés Villa y conformada por Inés Tello e Hilda Piedra condenó a 25 años de prisión a los miembros de Colina y a sus jefes, entre ellos a Montesinos, Hermoza Ríos, Rivero Lazo y Salazar Monroe. Este crimen que conmocionó al país y mereció el rechazo de la colectividad internacional demócrata y defensora de los derechos humanos tiene ahora un nuevo protector: el supremo Javier Villa Stein, presidente de la sala penal permanente de la Suprema, que en un vergonzoso dictamen reciente rebajó la condena impuesta a Colina de 25 años a 20, y retiró la calificación de ‘delito de lesa humanidad’, abriendo las puertas a la impunidad. Villa Stein defiende su aberrante decisión con argumentos que reconocidos juristas han desmoronado tan pronto se hizo pública. Sin embargo, existe un aspecto que me parece fundamental. Villa Stein dice que los miembros de la Sala no podían confirmar los hechos como crímenes de lesa humanidad porque esta calificación no estaba en la acusación fiscal. “Cómo podemos pronunciarnos de un delito que no está en el expediente”, ha dicho el polémico Villa Stein. Mentira total El documento del Ministerio Público que La República presentó en su portada del martes 24 es contundente. La fiscalía sí acusó por escrito en este juicio por la matanza de Barrios Altos y las desapariciones de los campesinos de El Santa y del periodista Pedro Yauri como crímenes de lesa humanidad. Lo hizo en mayo del 2005. Textualmente dice el MP en su acusación: “Este Ministerio (Público) considera que en autos ha quedado demostrada la comisión de crímenes de lesa humanidad, habiéndose determinado un concurso real de los siguientes delitos tipificados en el Código Penal: Homicidio calificado… asociación Ilícita para delinquir…”. Y agrega que en el proceso se debía tomar en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que califica dichos crímenes como delitos de lesa humanidad. ¿De dónde el doctor Villa Stein saca la afirmación de que la Fiscalía no formuló tal acusación? ¿De dónde el argumento para rebajar la condena a los autores de tan bárbaro crimen? ¿De dónde Villa Stein deduce que los crímenes de Colina no son de lesa humanidad cuando le consta que tres miembros de la misma Sala Penal afirman lo contrario en el texto del fallo y cuando la sentencia de la Sala que presidió el doctor César San Martín sí estableció tal responsabilidad al condenar a Alberto Fujimori? Esta inconducta deberá ser explicada ante los tribunales cuando la Procuraduría del Estado apele contra esta ignominiosa resolución que ha comenzado a movilizar a la ciudadanía en su rechazo. Tal vez la explicación esté en la vocación fujimorista de Villa Stein. La defensa de AF se ha apresurado a señalar que la sentencia los favorece. Pronto veremos al abogado de Fujimori presentar un recurso pidiendo la absolución y libertad de su defendido. Entonces, Villa Stein podrá decir: misión cumplida. Mientras tanto los Colinas ya comenzaron a dejar la cárcel.
