Gobierno de Trump autoriza que 600 abogados militares actúen como jueces en cortes de inmigración en EEUU

Un memorando del 27 de agosto, revisado por la agencia The Associated Press, reveló que el Gobierno de Donald Trump autorizó al Pentágono a preparar y designar aproximadamente a 600 abogados militares para actuar como jueces de inmigración en todas las cortes de Estados Unidos y así acelerar los procesos burocráticos.

El secretario del Departamento de Defensa (DOJ), Pete Hegseth, habría designado a los primeros 15 abogados, tanto militares como civiles, para que inicien funciones judiciales a partir de la próxima semana, mientras se esperan las primeras evaluaciones de efectividad. Así lo indica el documento al que tuvo acceso la agencia de noticias.

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¿El Pentágono autoriza el envío de abogados militares a cortes de inmigración en Estados Unidos?

De acuerdo con el informe, los jueces prestarán servicios temporales en las cortes de inmigración “tan pronto como sea posible”, con el objetivo de acelerar los procesos de deportación de inmigrantes, especialmente aquellos que se encuentran en situación migratoria irregular.

Además, tendrán la facultad de denegar solicitudes de comparecencia dentro de los próximos 179 días, con la finalidad de evitar que otros jueces de distrito prolonguen las medidas de impedimento de salida.

Por otro lado, medios estadounidenses aseguran que, según un funcionario del DOJ, esta medida responde a la “enorme cantidad de casos de inmigración” que permanecen suspendidos.

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¿Por qué el Pentágono enviará abogados militares a las cortes de inmigración en Estados Unidos?

La administración de Trump ha registrado más de 3,5 millones de casos de inmigración suspendidos desde la implementación de sus políticas migratorias contra los millones de inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con la International Federation of Professional and Technical Engineers, alrededor de 17 jueces de inmigración en diversas cortes fueron despedidos sin motivos “justificables”. Ante ello, el Pentágono plantea duplicar el número de magistrados para “impartir justicia” en los casos de arresto y deportación desde, aproximadamente, el lunes 8 de septiembre.