Más de 58 pobladores afrontan denuncias tras conflicto por actividad minera en Cajamarca: ''Seguimos criminalizados''

El archivo del pedido de prisión preventiva contra Mauro y Wilder Lalangui León no puso fin al proceso judicial que afrontan por hechos vinculados a un conflicto por actividades mineras en Huaquillas, distrito de Namballe, provincia de San Ignacio, Cajamarca. El dirigente ambiental Mauro Lalangui sostuvo que continúa pendiente una nueva audiencia y denunció que más pobladores de la zona siguen siendo investigados.

Según explicó a La República, el pedido de prisión preventiva fue archivado el 14 de septiembre, luego de la movilización de rondas campesinas, comuneros y pobladores que respaldaron a los dirigentes. Sin embargo, una audiencia posterior fue suspendida debido a que una de las personas involucradas no había sido correctamente notificada. La diligencia podría realizarse el 18 de noviembre, aunque Lalangui señaló que todavía no han recibido una notificación oficial con la fecha definitiva.

“Seguimos todavía” en el proceso, afirmó el presidente del Frente de Defensa de Huaquillas, quien además representa a pobladores de 24 caseríos ubicados dentro de la concesión minera del proyecto Las Huaquillas.

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Denuncia más procesos contra pobladores

Lalangui sostiene que el conflicto judicial no se limita al proceso que afronta junto con su hermano Wilder. Según su testimonio, existen tres investigaciones adicionales relacionadas con denuncias que atribuye a la empresa minera. Señaló que recientemente él y otros dirigentes fueron citados por la Fiscalía para brindar declaraciones.

El dirigente afirmó, además, que las denuncias alcanzan a integrantes de su propia familia. Según dijo, su esposa, sus tres hijos, hermanos y sobrinos figuran entre las personas denunciadas. En total, estimó que serían más de 58 pobladores de Huaquillas y de otros caseríos, como Puerto San Antonio, Juan Albacete, El Rejo de San Pedro y Nueva Esperanza. “Seguimos criminalizados por la empresa minera”, sostuvo Lalangui.

El dirigente también cuestionó que algunas personas hayan sido incluidas en las investigaciones pese a que, según su versión, no estuvieron presentes durante el conflicto social que se produjo en Huaquillas. Afirmó que las denuncias han generado temor entre los pobladores de la zona.

Conflicto por actividad minera

El conflicto se remonta a 2022 y está relacionado con la oposición de un sector de pobladores y ronderos a actividades mineras en la zona. En 2024, la Fiscalía Provincial Mixta de San Ignacio formalizó una denuncia contra pobladores y ronderos por presuntos delitos de lesiones, daños agravados y coacción.

Para Lalangui, uno de los principales efectos de la actividad minera ha sido la división dentro de la propia comunidad. Explicó que algunas familias respaldan las actividades debido a los puestos de trabajo que generan, mientras que otros pobladores se oponen y cuestionan sus posibles impactos sobre el territorio y las fuentes de agua. “Son los conflictos que se vienen a través de la minería”, señaló.

El dirigente también indicó que la comunidad presentó denuncias ante autoridades ambientales por la apertura de una vía y la tala de árboles que, según sostuvo, se habría producido durante trabajos vinculados a la limpieza de túneles. Agregó que funcionarios acudieron recientemente a la zona para realizar una inspección, pero que hasta el momento no han recibido el informe de dicha diligencia.

Defensores piden protección

Lalangui participó recientemente en un encuentro nacional de vigilantes y monitores ambientales comunitarios, junto con representantes de otras regiones. Según explicó, uno de los pedidos planteados ante las autoridades fue establecer medidas legales para proteger a los defensores ambientales y sus familias frente a amenazas, denuncias, hostigamiento y procesos judiciales. También solicitaron protección para las cabeceras de cuenca y cuestionaron la presencia de concesiones y actividades mineras en zonas donde nacen los ríos.

Otro de sus pedidos está relacionado con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Lalangui afirmó que los defensores ambientales se oponen a una nueva ampliación de este mecanismo porque, desde su perspectiva, estaría contribuyendo a los problemas de contaminación de las fuentes de agua y cabeceras de cuenca.

Para el dirigente, el conflicto también representa una amenaza para la agricultura de San Ignacio, especialmente para el café, uno de los principales productos de la provincia. “Sin agua no hay vida”, manifestó Lalangui al pedir a las autoridades que prioricen la protección de las fuentes de agua y del ambiente.

El caso de Mauro y Wilder Lalangui continúa pendiente de una nueva etapa judicial. Mientras tanto, el dirigente sostiene que la defensa del territorio ha colocado a decenas de pobladores frente a investigaciones y denuncias que, según su versión, constituyen una forma de criminalización de quienes se oponen a determinadas actividades mineras en Huaquillas.