
De acuerdo con los términos del proyecto de edificación del hospital Víctor Ramos Guardia, ubicado en Huaraz, Áncash, la obra debe ser culminada en septiembre de 2027. Pero no será posible.
El plazo de construcción es de 28 meses y, hasta este miércoles, el consorcio que ganó la adjudicación no ha cumplido con presentar el expediente técnico, requisito indispensable para dar inicio a los trabajos.
Han transcurrido dos años y tres meses desde que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) concedió el proyecto al consorcio integrado por las firmas Win Empresas y Soluciones Alimentarias. Según el contrato suscrito entre Proinversión y las compañías mencionadas, el 22 de julio de 2024, el expediente técnico finalizado debió ser entregado el 19 de mayo de 2025.
No hay expediente técnico. No hay inicio de obras. No hay hospital.
Proinversión adjudicó el proyecto mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OXI), mecanismo diseñado para agilizar la ejecución de obras públicas. Sin embargo, en este caso, el hospital no estará listo en la fecha prevista. Es más, no se sabe cuándo comenzará a funcionar para atender a los miles de pacientes de las provincias andinas ancashinas.
Pero, ¿quién es el responsable por el retraso en la construcción del hospital de Huaraz? El Gobierno Regional de Áncash atribuyó la demora a la Dirección Regional de Salud (DIRESA). Proinversión coincidió en el mismo señalamiento.
“Las razones del retraso están relacionadas principalmente con el tiempo requerido para la revisión y obtención de la opinión favorable de la DIRESA de Áncash, respecto al Programa Médico Arquitectónico (PMA), así como con la necesidad de adecuar el expediente técnico a las actualizaciones normativas”, explicaron los voceros del Gobierno Regional de Áncash consultados por La República.
“Estas circunstancias requirieron evaluaciones y ajustes técnicos adicionales. Actualmente, se trabaja en el componente de costos y presupuestos, para la presentación del expediente técnico definitivo”, dijeron.
Por su parte, Proinversión señaló a este periódico que es el Gobierno Regional de Áncash el que debe dar cuenta del cronograma de cumplimiento.
“Proinversión mantiene coordinaciones con el Gobierno Regional de Áncash para conocer el avance de las distintas etapas de la intervención e identificar situaciones que puedan requerir orientación o articulación institucional”, explicaron.
“Es importante precisar que la responsabilidad de conducir la ejecución del Convenio de Inversión, aprobar los documentos correspondientes y adoptar las medidas contractuales que resulten necesarias recae en el Gobierno Regional de Áncash, como entidad pública titular del proyecto”, resaltaron desde Proinversión.
El plazo para la ejecución de la obra es de 33 meses. Esto es, más de dos años y siete meses. Y no se ha puesto ni un ladrillo. Sin embargo, para las autoridades ancashinas, no hay por qué preocuparse.
En declaraciones para La República el gerente regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Áncash, Justo Manrique Padilla, manifestó que la demora en el cumplimiento del cronograma no representa una dificultad.
“El plazo de 300 días calendario previsto para la elaboración del expediente técnico corresponde al desarrollo y presentación de los entregables por parte del consorcio financista (Win Empresas y Soluciones Alimentarias). No comprende los períodos destinados a la revisión y evaluación por parte de la supervisión y de la entidad (el Gobierno Regional)”, argumentó.
Pero el contrato dice otra cosa: la construcción debe ser entregada en septiembre de 2027.

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