
Los nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar presentados por el Gobierno han generado reacciones favorables entre representantes de instituciones educativas privadas y padres de familia de colegios estatales. Las medidas plantean clasificar las faltas en leves, graves y muy graves, además de establecer sanciones que podrían llegar hasta la separación definitiva de un estudiante.
Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados, respaldó la iniciativa y sostuvo que las instituciones educativas necesitan herramientas para afrontar los problemas de conducta y las agresiones contra docentes y otro tipo de personal. Por su parte, Álvaro Mendoza, presidente del comité de padres de familia del colegio estatal Patricia Francisca Silva de Pagador, consideró que la falta de aplicación efectiva de las normas disciplinarias ha dificultado el ejercicio de la autoridad en las aulas.
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La presentación del Ministerio de Educación (Minedu) establece tres categorías de faltas: leves, graves y muy graves. Entre las conductas consideradas graves figuran las agresiones psicológicas, el uso indebido de celulares, el daño a la propiedad escolar y la reincidencia en faltas leves. En el nivel de faltas muy graves se incluyen el acoso escolar, la violencia sexual, los actos de discriminación, la extorsión y el porte o uso de armas, entre otras conductas.
Frente a estas situaciones, los lineamientos contemplan medidas correctivas y sancionadoras que van desde la amonestación y la reparación del daño hasta la suspensión, la matrícula condicional y la separación definitiva del estudiante.
Quintanilla respaldó la posibilidad de aplicar sanciones más severas ante conductas graves. “Creo que es necesaria una suspensión por faltas leves y para los alumnos que cometan ya actos muy fuertes, ya sea, pues, la sanción definitiva, o sea, de poder expulsarlos”, manifestó.
El documento también establece criterios de proporcionalidad para la aplicación de las medidas, como la edad y el desarrollo del estudiante, su historial de conducta, el contexto de los hechos, el daño causado y la posibilidad de reparación.
Desde el ámbito de la educación pública, Álvaro Mendoza sostuvo que las normas disciplinarias no siempre se han aplicado de manera efectiva debido a las reacciones de algunos padres de familia y a la tolerancia social frente a las conductas inadecuadas de los estudiantes.
“Siempre ha estado vigente en los colegios que no haya sido considerada o puesta en práctica por las represalias de los padres y el qué dirá de la sociedad que apaña el mal comportamiento de algunos alumnos que ya vienen formados desde sus hogares”, declaró.
Mendoza consideró que el sistema educativo requiere una reforma que otorgue mayores facultades a los docentes para gestionar la disciplina escolar. Sin embargo, también planteó la necesidad de evaluar las condiciones psicopedagógicas de los profesores.
“Todo el sistema educativo debería ser reformado con nuevos reglamentos donde les den facultades a los profesores y a su vez tener una evaluación psicopedagógica a los profesores”, señaló.
Quintanilla también cuestionó la participación de algunos padres de familia en el acompañamiento educativo de sus hijos y sostuvo que los problemas de conducta afectan el desarrollo de las clases.
“Los papás, desde el momento que matriculan a sus hijos, se olvidan de sus hijos hasta fin de año”, afirmó.
El representante de los colegios privados propuso que las instituciones educativas expliquen sus reglamentos internos a las familias durante los 30 días hábiles para que adecúen sus documentos a fin de que conozcan las medidas disciplinarias que podrían aplicarse ante el incumplimiento de las normas.
En la misma línea, Mendoza consideró que determinadas conductas de los estudiantes se relacionan con la formación que reciben en sus hogares y cuestionó la tolerancia de la sociedad frente a comportamientos que afectan la convivencia escolar.
Quintanilla afirmó que la Asociación Nacional de Colegios Privados ha remitido documentos al Ministerio de Educación y a la Presidencia de la República para solicitar reuniones y presentar propuestas relacionadas con la disciplina escolar.
“Nosotros hemos presentado ya documentos al Ministerio de Educación, al ministro, hemos presentado inclusive a la presidenta de la República para poder tener nosotros reuniones”, indicó.
Según el dirigente, hasta el momento de la entrevista no había recibido respuesta a sus solicitudes. Por ello, pidió que las reuniones incluyan a los equipos legales y técnico-pedagógicos responsables de elaborar la reglamentación. “Queremos consensuar ideas, pero con todo el staff que va a ver esta nueva reglamentación”, enfatizó.
La presentación del Minedu señala que las instituciones educativas tendrán 30 días para adecuar sus documentos de gestión una vez que los lineamientos sean aprobados. En ese contexto, el representante de los colegios privados consideró necesario que el sector participe en la revisión de las disposiciones antes de su implementación.
Finalmente, Quintanilla anunció que la asociación cuenta con una propuesta de reforma educativa basada en un sistema dual académico y técnico, que espera presentar a las autoridades.
Los lineamientos también plantean la derogación del Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe) y la creación de una Unidad de Protección de la Comunidad Educativa. Esta propuesta abre interrogantes sobre los mecanismos que garantizarán el registro, la supervisión y la atención de los casos de violencia escolar.