“Tenemos miedo de regresar”: el viacrucis de las familias de defensores indígenas asesinados

Hay una segunda historia después del asesinato de un defensor ambiental. No aparece en las estadísticas de homicidios ni termina cuando un tribunal dicta una sentencia.

Es la historia de la viuda que aún clama por justicia. Del joven que deja de estudiar porque no puede pagar sus gastos. De la familia que abandona su comunidad porque regresar significa exponerse nuevamente al peligro. Del trámite que puede tardar años porque no existe un certificado de defunción. Y de los hijos que alcanzan la mayoría de edad mientras siguen esperando una ayuda estatal.

En los últimos trece años, 51 líderes fueron asesinados en el país por defender sus territorios de las garras de las economías ilegales. Pero la tragedia no termina allí pues la tierra sigue bajo amenaza y las familias que lloran su pérdida deben hacerlo a solas, ante un sistema que hace caso omiso a sus necesidades.

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"Es como rehacer tu vida desde cero"

Quinto Inuma fue asesinado el 29 de noviembre de 2023 cuando regresaba a Santa Rosillo de Yanayacu. Había denunciado invasiones, tala ilegal y otras actividades que afectaban el territorio comunal. El Estado conocía su situación de riesgo y había dispuesto medidas de protección. Pero nada detuvo la tragedia.

Después del crimen, la familia salió de su territorio. Kevin Inuma, su hijo, cuenta que cada cierto tiempo deben afrontar gastos de alojamiento, alimentación y otros costos que antes no tenían viviendo en su comunidad. "Te cuesta vivir, es como rehacer tu vida, desde cero", relata.

Kevin cuenta que después del proceso judicial sus familiares recibieron señalamientos y amenazas. Y advierte que la situación de Santa Rosillo continúa siendo frágil: "Yo le pido al Estado que acelere la titulación y el saneamiento del territorio comunal". Sin ello, sostiene, alguien más puede correr el mismo destino que su padre. La comunidad había presentado denuncias por delitos ambientales y tráfico de drogas durante años.

Kevin cuestionó que las autoridades no valoren la labor de los líderes, incluso cuando ya se les arrebató la vida. "Cuando muere, por ejemplo, un familiar de un congresista, el Estado le da automáticamente miles de soles en compensación. ¿Y cuánto les da a los defensores que están arriesgando sus vidas por todo el mundo?  Luego, tampoco hay recompensas para poder mitigar nuestras necesidades", objetó.

Amanda Yepez, especialista en geografía crítica de Ecuador, plantea que la discusión se oriente a erradicar la impunidad. "La justicia climática es identificar quiénes son responsables de los impactos y que quienes están provocando esta condición puedan mostrarse y repararlo", señala.

Yepez advierte que determinadas concesiones pueden presentarse como progreso mientras mantienen presiones sobre los territorios. "Los gobiernos siguen con el mismo modelo, aprovechando el discurso ambiental para capitalizar e invertir en proyectos que les generan una renta y un capital. ¿A costa de qué o quién?", precisa.

La eterna búsqueda de justicia

En Saweto, el tiempo también transcurrió. Francisco Pinedo, Edwin Chota, Jorge Ríos y Leoncio Quintisima fueron asesinados en septiembre de 2014. Sus familias tuvieron que afrontar la pérdida, las amenazas y el desplazamiento.

Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima, cuenta que el dinero es una preocupación cotidiana. "El Gobierno dice que apoya, pero la ayuda apenas llega", relata.

La familia no recibió el respaldo educativo que esperaba. Uno de sus hijos incluso busca trabajo porque no hay recursos suficientes: "Mi hijo quiere ser profesor, pero no tiene Beca 18. Está trabajando en la chacra".

Para Rojas, vivir en Pucallpa tampoco resolvió el problema. La ciudad implica pagar por comida, vivienda y transporte. Por eso vuelve ocasionalmente a la comunidad, aunque reconoce que el riesgo permanece. "Nosotros seguimos sufriendo por la muerte de nuestros esposos", dice.

Para acceder a la asistencia económica destinada a hijos de defensores asesinados, uno de los requisitos centrales es acreditar la muerte. En Saweto, la ausencia de algunos cuerpos complicó durante años la obtención de los certificados de defunción.

Una familia tuvo que iniciar un proceso judicial de muerte presunta. El certificado llegó recién en 2025, más de una década después del asesinato. Para entonces, algunos hijos ya habían alcanzado la mayoría de edad y perdieron el beneficio.

Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos, cuenta que hace lo que puede para sostener a sus hijos mientras intenta continuar con los trámites y reclamos pendientes. "Yo hacía mis artesanías pero me he enfermado. Ya no puedo estar sentada mucho rato", relata.

Y ni siquiera puede volver a su territorio. Los viajes por río pueden durar varios días y, después del asesinato de los dirigentes, algunas mujeres prefieren no exponerse. "Tenemos miedo de regresar", asevera.

Rengifo insiste en que la seguridad no puede consistir solo en cámaras o visitas ocasionales de funcionarios. Según narra, la presencia policial aparece principalmente cuando llega una comisión oficial.

La lideresa denuncia la deshumanización que sus comunidades viven. "No se consulta quién vive, quién no vive... Nos venden con todo y árboles, pero aquí estamos. Si no cuidamos nuestros bosques, ¿quiénes van a venir a cuidarlo?", señala.

Según Amanda Yepez, la violencia seguirá escalando si no se cuestiona el rol del Estado como único actor legítimo del ordenamiento territorial. "Deben detenerse todas las normativas que flexibilizan el extractivismo en estas zonas vulnerables, que solo dejan destrucción a su paso", precisa.

Sangre que aún no seca

La realidad de Saweto e Inuma son muestra de que la violencia no termina cuando se identifica a los responsables de un asesinato. Quedan las viudas, los hijos. Quedan las deudas, los colegios, las enfermedades, los alquileres y los documentos. Queda también la comunidad.

Hilter Macedo, presidente de Fepikecha en San Martín, explica que la muerte de un dirigente afecta a todo un pueblo, pues los más jóvenes dimensionan el peligro al que están expuestos. "Y el Estado no nos quiere reconocer. Pero  seguimos luchando. Es nuestro derecho", afirma.