Policía acusado de extorsionar a comerciante recibe 9 meses de prisión preventiva: habría cobrado cupo de S/3.000

La Corte Superior de Justicia de Tumbes dictó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Carlos Handerzon Zárate Bayona, investigado por el presunto delito de extorsión agravada en agravio de un comerciante de cerrajería.

Según la imputación fiscal, el efectivo en actividad habría intervenido como supuesto intermediario entre la víctima y quienes le exigían el pago de cupos, llegando a recibir S/3.000 bajo el argumento de que gestionaría el cese de las amenazas. La medida privativa de la libertad se computa desde el 11 de septiembre de 2026 y vencerá el 10 de junio de 2027.

Amenazas contra trabajador

La investigación del Ministerio Público sostiene que el comerciante empezó a recibir amenazas desde septiembre de 2025 a través de WhatsApp. En los mensajes, los delincuentes le exigían entregar una suma de dinero a cambio de no atentar contra él ni su familia.

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Las amenazas se materializaron el 4 de agosto de 2026 cuando un artefacto explosivo fue detonado en la puerta de su vivienda. Posteriormente, los extorsionadores le exigieron S/15.000 y le enviaron fotografías de su esposa e hijos para presionarlo a efectuar el pago.

Agente habría cobrado S/3.000

La indagación fiscal indica que el 8 de agosto el suboficial Zárate Bayona acudió al taller del comerciante, ubicado en la avenida Fernando Belaúnde Terry, en Puyango, y se presentó con el alias de 'Zeta'. Durante su visita, habría asegurado que podía negociar con los extorsionadores y realizó tres visitas al negocio, en las que recibió S/3.000 en total, según la Fiscalía.

El agente fue detenido el 11 de septiembre en la sede de la Región Policial Tumbes. Durante las diligencias, la víctima lo reconoció como la persona que recibió el dinero. Además, se incautó celulares, laptops, un arma de fuego artesanal, prendas de vestir y motocicletas que coincidirían con las imágenes registradas durante los cobros.

A partir de estos y otros elementos recabados, como declaraciones, registros de comunicaciones y movimientos bancarios, la Fiscalía sustentó el pedido de prisión preventiva y el Poder Judicial concluyó que la medida resultaba necesaria y proporcional para asegurar la presencia del investigado durante el proceso. De ese modo, dispuso su internamiento en un establecimiento penitenciario mientras continúan las diligencias.