
Criminales de alto perfil y otros internos continúan accediendo ilegalmente a teléfonos en las cárceles de Perú. Esta madrugada las autoridades allanaron celdas y áreas comunes del penal Ancón I y encontraron más de 35 celulares, además de drogas y armas blancas, en espacios vinculados a internos de organizaciones criminales.
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) dirigió el operativo en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario.
Los investigadores establecieron que la coordinación de extorsiones y sicariato desde las prisiones constituye uno de los desafíos de seguridad pública más complejos para el país, donde se estima que aproximadamente el 45% de las extorsiones a nivel nacional se originan dentro de los centros penitenciarios.
A través del uso de teléfonos móviles ingresados de forma clandestina, los cabecillas de diversas bandas delincuenciales continúan operando sus redes criminales con el apoyo de familiares y cómplices en el exterior.
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Se trata de un problema estructural que las autoridades intentan combatir activamente debido a su uso para coordinar estos y otros delitos desde prisión.
Recientemente, una preocupante radiografía del sistema penitenciario peruano reveló que desde las cárceles del país se origina, en promedio, más de una llamada extorsiva cada hora.
Según información entregada por el Inpe, fueron identificadas miles de llamadas relacionadas con posibles casos de extorsión, luego de analizar y triangular registros suministrados por la Policía y las operadoras de telefonía.
La entidad indicó además que solicitó a los operadores el bloqueo de registros vinculados con estas comunicaciones.
El informe también advierte que existe subregistro, pues no todas las víctimas denuncian los casos. Entre las modalidades detectadas para ingresar celulares a los penales están los lanzamientos desde el exterior, encomiendas y las visitas.
El Ministerio Público ejecutó una nueva estrategia con la que busca combatir las actividades criminales que se coordinan desde los establecimientos penitenciarios, especialmente las relacionadas con este delito.





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