Plan Nacional de Educación: Keiko Fujimori anuncia reforma de la currícula ''sin ningún tipo de ideología''

La presidenta Keiko Fujimori convirtió este lunes la reforma curricular en uno de los ejes políticos del nuevo Plan Nacional de Educación 2026-2031. Durante la presentación del documento, la mandataria sostuvo que la currícula “no tiene que tener ideología” y que debe concentrarse en “datos, estadísticas” e “información real”.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, fue todavía más tajante: anunció que el Gobierno retirará de la currícula nacional “todo tipo de ideología” y cuestionó que el currículo se haya convertido en una “bolsa sin fin” de contenidos. Su propuesta apunta a reducir contenidos y priorizar comprensión lectora, razonamiento matemático, pensamiento crítico, educación cívica, inglés, educación financiera y formación técnica.

Pero el anuncio no es solamente pedagógico. La frase sobre una educación “sin ideología” llega después de que Fuerza Popular colocara durante la campaña la eliminación de la llamada “ideología de género” como parte de su propuesta educativa. En el debate presidencial de marzo, Fujimori planteó eliminarla del sistema educativo; semanas después volvió a ofrecer una reforma curricular.

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Ahora, ya desde el Gobierno, el concepto se amplía: Chang habló de retirar “todo tipo de ideología” y cuestionó incluso las interpretaciones ideológicas de la historia. Qué contenidos serán considerados ideológicos y quién determinará ese criterio todavía no ha sido explicado. En declaraciones anteriores, el titular del Minedu afirmó que se contará en los libros escolares lo que pasó en el periodo 1980-2000 en el Perú.

La historia también entra en disputa

La discusión adquiere una dimensión particularmente sensible cuando se habla de historia y terrorismo.

En 2023, el Congreso aprobó la Ley 31745, que declaró de interés nacional introducir en el currículo contenidos de educación cívica y de historia de la subversión y el terrorismo en el Perú. La norma plantea que estos contenidos contribuyan al fortalecimiento de la democracia y al reconocimiento histórico de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

El Minedu ya ha desarrollado herramientas pedagógicas en cumplimiento de esa disposición. Sus materiales para docentes incluyen el estudio de la subversión y el terrorismo dentro de las áreas de Personal Social, Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, y vinculan su enseñanza con la formación de ciudadanos críticos y democráticos.

Incluso el propio Ministerio ha sostenido que los escolares deben conocer el daño causado por el terrorismo para evitar que se repitan sus discursos violentistas.

Por eso, el debate que abre ahora el Gobierno no parte de cero. Existe ya una política educativa para enseñar ese periodo de la historia peruana. Lo que queda por determinar es si la nueva reforma curricular modificará la manera de abordar esos contenidos, qué interpretación histórica buscará priorizar y qué entenderá el Ejecutivo por una enseñanza “sin ideología”.

El antecedente es especialmente relevante porque la educación fue uno de los espacios atravesados por el conflicto armado interno. Investigaciones del IDEHPUCP han documentado cómo Sendero Luminoso buscó expandir su influencia en escuelas, colegios, institutos pedagógicos y universidades, convirtiendo distintos espacios educativos en escenarios de disputa ideológica.

Pero justamente por ello, especialistas han advertido que enseñar ese periodo no puede reducirse a una versión simplificada de los hechos.

El Consejo Nacional de Educación ya había cuestionado en 2021 una propuesta para introducir obligatoriamente la “Historia del Terrorismo en el Perú”. En su opinión técnica, sostuvo que enseñar esos contenidos no garantiza por sí mismo una comprensión compleja del pasado y que la historia debe contribuir al pensamiento crítico y reflexivo, evitando interpretaciones facilistas.

Ese debate vuelve ahora al centro de la reforma.

“Sin ideología”: una definición que todavía no existe

Ricardo Cuenca cuestionó que el Gobierno anuncie una “currícula sin ideología” sin explicar qué implica concretamente esa propuesta. El exministro de Educación señaló que el Minedu debería precisar si se trata de una decisión pedagógica o política y si responde a una política general del Gobierno o a una iniciativa del propio sector.

En esa línea, planteó una pregunta de fondo: “Ya se retiró de las políticas educativas la ‘ideología’ de género, ¿qué otro tipo de ‘ideología’ piensa retirar?”

El actual currículo no se construyó, además, como un documento improvisado. El propio Minedu ha señalado que su elaboración fue ‘‘participativa’’ y que contempla enfoques transversales, entre ellos el de igualdad de género, pero entendido como igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Por ello, Cuenca plantea que la reforma deberá precisar si pretende modificar contenidos, enfoques pedagógicos o ambos.

Para Luis Lescano, expresidente del Consejo Nacional de Educación, actualizar el currículo es necesario: el documento vigente data de 2016 y requiere una revisión. Sin embargo, considera fundamental que el proceso tenga participación de docentes, especialistas, regiones y comunidades educativas para que el nuevo currículo tenga legitimidad.

Lescano también advierte que el pensamiento crítico no consiste en repetir una versión determinada de los hechos, sino en aprender a cuestionar, contrastar y analizar información. “Mientras hayan nuevas ideas, hayan debates sobre esas ideas van creciendo las propuestas”, sostiene.

La advertencia resulta particularmente relevante cuando el propio Gobierno afirma que quiere formar estudiantes con pensamiento crítico mientras plantea evitar determinadas interpretaciones de la historia.

Una reforma que llega con una disputa política previa

La discusión sobre el currículo no es nueva para Fujimori. En marzo, durante la campaña presidencial, la candidata de Fuerza Popular ya había anunciado que eliminaría la denominada “ideología de género” del sistema educativo y que reforzaría educación cívica, inglés y otros contenidos.

Incluso existe un antecedente más antiguo. En 2021, durante la campaña contra Pedro Castillo, Fujimori planteó “replantear” los contenidos del currículo relacionados con género y terrorismo.

La actual propuesta, por tanto, puede leerse como la continuación de una agenda que ya estaba presente antes de que Fuerza Popular llegara al Gobierno.

La diferencia es que ahora esa discusión deja de ser una promesa electoral y se convierte en una política pública que deberá traducirse en documentos curriculares, materiales, capacitación docente y decisiones concretas sobre qué aprenderán millones de escolares.

Flor Pablo, exministra de Educación, señala que, cuando el ministro habla de enseñar lo que “realmente ocurrió en los 80s”, debe precisar qué contenidos cambiará, con qué fuentes y mediante qué proceso técnico y plural. La exfuncionaria advierte que los estudiantes deben conocer que Sendero Luminoso y el MRTA provocaron terror y muerte, pero también que durante ese periodo hubo graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, investigadas y sancionadas.

“Reconocer estos hechos no equipara responsabilidades ni desacredita a nuestras Fuerzas Armadas o a la Policía”, señala Pablo, frente a una lectura que podría utilizar la reforma curricular para polarizar el debate. A su juicio, la historia debe enseñarse con documentos, testimonios, investigaciones y sentencias, promoviendo pensamiento crítico. “Los estudiantes necesitan memoria para que el terrorismo, el autoritarismo y cualquier forma de violencia no vuelvan a repetirse. No necesitan una historia oficial escrita por cada gobierno”.

PISA expone una crisis que va más allá del currículo

El Gobierno vincula la reforma con los resultados de PISA 2025, publicados recientemente. Perú obtuvo 382 puntos en Matemática, 390 en Lectura y 406 en Ciencias. Frente a 2022, perdió nueve puntos en Matemática y 18 en Lectura.

Solo alrededor del 30% de estudiantes alcanzó el nivel mínimo en Matemática y el 42% lo hizo en Lectura, frente a 65% y 69%, respectivamente, en el promedio de la OCDE.

El diagnóstico explica parte del énfasis del Gobierno en lectura, matemática y pensamiento crítico. Pero los resultados no pueden atribuirse únicamente al contenido de la currícula.

Flor Pablo considera positivos anuncios como el fortalecimiento de la educación técnica, la formación de directores, la Carrera Pública Magisterial, la lectura diaria y la recuperación de evaluaciones nacionales. Sin embargo, advierte que un plan no se define por la cantidad de anuncios, sino por su capacidad de producir resultados.

También cuestiona que conectar las escuelas se reduzca a instalar internet. Se necesitan equipos, electricidad, mantenimiento, contenidos y docentes preparados para utilizar la tecnología con sentido pedagógico.

2.000 colegios frente a una brecha de S/171.000 millones

El otro gran componente del plan es la infraestructura.

Fujimori anunció la construcción de 2.000 colegios en cuatro años y la modernización o remodelación de otros 3.000 locales educativos. El Gobierno también plantea conectar al 100% de escuelas a internet, principalmente mediante tecnología satelital, hacia julio de 2027.

La promesa enfrenta una brecha de infraestructura estimada por el sector en alrededor de S/171.000 millones, además de miles de locales educativos con problemas estructurales.

Lescano considera que la prioridad debería estar en recuperar los colegios que ya existen. Su razonamiento es directo: antes de construir miles de nuevas escuelas, el Estado debe evitar que las actuales continúen deteriorándose.

“¿Qué gano yo con 2.000 colegios si se me van a caer los que ya tengo?”, plantea.

La observación coloca la promesa presidencial frente a un problema más antiguo: la capacidad del Estado para ejecutar, mantener y sostener la infraestructura educativa más allá de la inauguración.

La promesa docente tampoco se resuelve con una nota de 14

El Gobierno anunció además que elevará a 14 la nota mínima para ingresar a la Carrera Pública Magisterial y que recuperará una evaluación nacional de los estudiantes.

Para Lescano, sin embargo, la formación docente requiere una política integral que articule formación inicial, capacitación en servicio, evaluación, carrera magisterial, bienestar y condiciones de trabajo.

“Una nota de corte” puede ser parte del sistema, pero no garantiza por sí sola mejores maestros.

Flor Pablo coincide en que la evaluación será útil únicamente si sus resultados vuelven a las aulas y sirven para mejorar la enseñanza, y no si se convierten en rankings o mecanismos de sanción.

Lo que el plan todavía no responde

Más allá de las cifras y anuncios, los especialistas consultados coinciden en una preocupación: la implementación. El Plan Nacional de Educación 2026-2031 tendrá que definir presupuesto, cronogramas, responsables, indicadores y mecanismos de seguimiento para evitar que las promesas queden asociadas únicamente al actual Gobierno.

Lescano recuerda que la inestabilidad del Minedu ha sido uno de los principales obstáculos para la continuidad de las políticas educativas: en los últimos diez años hubo alrededor de 20 ministros de Educación. Los cambios de ministros suelen venir acompañados de modificaciones en viceministerios, direcciones y equipos técnicos.

Por ello, plantea que el nuevo plan debe articularse con el Proyecto Educativo Nacional al 2036, una política de Estado que ya existe y que fue aprobada por el Ejecutivo.

El Consejo Nacional de Educación también elaboró sus propios Elementos para un Plan de Desarrollo de la Educación Peruana 2026-2031, construido mediante un proceso participativo y pensado como instrumento para implementar el PEN 2036.

El propio Lescano señala que varias de las medidas anunciadas por el Gobierno coinciden con ese documento y considera positivo que el Minedu las haya recogido. Pero insiste en que la nueva política debe aprovechar lo avanzado y no empezar nuevamente desde cero.

Lo que queda pendiente

La mandataria no mencionó problemas que siguen golpeando a las escuelas, como los casos de abuso contra escolares, el bullying y la falta de docentes en territorios indígenas. Para Flor Pablo, el plan también debería incorporar medidas sobre convivencia escolar, prevención de la violencia y bienestar socioemocional, especialmente en contextos rurales e interculturales.

Otro pendiente es la alimentación escolar. Pablo advirtió que la promesa de dos comidas diarias para estudiantes de primaria y secundaria no aparece desarrollada con claridad en el plan. Para los especialistas, el reto no pasa solo por mejorar aprendizajes, sino por garantizar las condiciones que permiten a los estudiantes permanecer y aprender en la escuela.

La reforma curricular de Keiko Fujimori comienza, así, con una frase políticamente potente: “sin ningún tipo de ideología”. Pero esa consigna todavía no constituye una política curricular.

El Gobierno tendrá que explicar qué contenidos pretende retirar, qué entiende por ideología, quién tomará esa decisión y bajo qué evidencia pedagógica. También deberá precisar cómo convivirá esa nueva orientación con la enseñanza de la historia de la subversión y el terrorismo, que ya tiene respaldo legal y materiales oficiales. Expertos coinciden en que decidir qué se enseña sobre ese pasado también es una decisión política.