
El senador Percy Osorio Palpán, de la bancada de Juntos por el Perú, solicitó al Ministerio del Interior (Mininter) disponer, a través de la Comandancia General de la Policía Nacional (PNP), que el general de la PNP, Víctor Revoredo Farfán, sea sometido a una evaluación psicológica y psiquiátrica por su conducta ante los periodistas en Trujillo (La Libertad).
Durante su paso por la región, el director de Investigación Criminal de la PNP fue consultado por las diferencias entre los detenidos y los autores del secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes. Sin embargo, Revoredo huyó de la prensa mostrando un comportamiento que ha sido observado por el senador.
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Según consta en videos grabados sobre la presencia de Revoredo en Trujillo, ante las preguntas de los periodistas sobre la estatura y el aspecto físico de los cinco detenidos frente a quienes aparecen en las grabaciones del hecho, el general Revoredo intentó escapar de la escena sin responder los cuestionamientos de los hombres de prensa.
Durante ese momento, el jefe policial fue captado sonriendo mientras se desplazaba buscando una movilidad con la cual retirarse. Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, el general se detuvo por un momento y lanzó un mensaje que no respondía las interrogantes: “Por favor, que viva el Perú. La Policía ama Trujillo y ama al Perú. ¡Que viva el Perú nomás les digo! Esperen unos minutos”. Tras ello, se retiró en un vehículo particular.
Además de pedir una evaluación para el general Revoredo con el fin de “salvaguardar la idoneidad” del funcionario, en su documento el senador Percy Osorio también solicita un informe detallado sobre la efectividad de las acciones preventivas de inteligencia desplegadas en Trujillo antes del secuestro y el cuádruple crimen del pasado domingo 31 de agosto.
El funcionario sustenta su pedido en el artículo 96 de la Constitución Política del Perú, que faculta a senadores y diputados a requerir informes por escrito a ministros e instituciones públicas. También invoca el artículo 8 del Reglamento del Senado, que establece la función de control político sobre los actos del Poder Ejecutivo y de la administración pública. La petición no implica una sanción ni una decisión administrativa.





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