
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Genix Saboya, Limber Ríos, Segundo Villalobos y Jerly Saboya tras hallarlos responsables por el delito de sicariato en agravio del líder indígena Quinto Inuma Alvarado, ocurrido el 29 de noviembre de 2023 en la región San Martín.
El órgano jurisdiccional impuso 35 años de pena privativa de la libertad a los dos primeros, 28 años y cuatro meses al tercero y 15 años al cuarto, este último en calidad de cómplice primario. La medida se dio a conocer la tarde de este lunes tras la lectura de sentencia.
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Durante el juicio oral, los representantes fiscales demostraron la responsabilidad de los sentenciados en el crimen de Inuma a través de una gran cantidad de prueba personal, documental y pericial. En el ataque también resultaron lesionados otros ocupantes de la embarcación en la que viajaba la víctima, entre ellos Axeldina Barbaran Tapullima, quien recibió impactos de multiproyectiles de arma de fuego.
El juzgado estableció que los sentenciados planearon y ejecutaron la muerte del dirigente nativo debido a que se encontraban en contra de la labor de defensa de los derechos humanos y ambientales que ejercía en su comunidad. El apu había formulado diversas denuncias contra los acusados para impedir la deforestación de bosques y la comisión de otros delitos, como el tráfico ilícito de drogas.
Quinto Inuma Alvarado fue reconocido como defensor de derechos humanos por la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta entidad, tras determinar diversos ataques que pusieron en riesgo su vida y la de otros integrantes de la comunidad nativa kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, activó el Procedimiento de Alerta Temprana, otorgándole medidas de protección.
Sin embargo, pese a las medidas preventivas adoptadas por el Estado peruano, Quinto Inuma Alvarado perdió la vida en un ataque planificado por los sentenciados.
Para Cristina Gavancho, abogada que forma parte de la defensa legal de la familia Inuma, la sentencia constituye un caso emblemático para la protección de los defensores indígenas y ambientales en el país.
“Es un caso emblemático que da un mensaje contundente sobre el hecho de que los asesinatos de defensores indígenas no se van a quedar impunes”, señaló la abogada.
Gavancho consideró que la decisión judicial representa además un precedente importante, debido a que establece responsabilidades por el delito de sicariato y contempla el pago de reparaciones civiles por los daños que fueron probados y acreditados durante el proceso por la defensa legal que acompañó a las víctimas.
La abogada destacó que la sentencia no solo reconoce la responsabilidad de quienes participaron en el asesinato de Inuma, sino que también envía un mensaje frente a las amenazas que enfrentan los líderes indígenas que defienden sus territorios y recursos naturales.
El caso de Quinto Inuma se convirtió así en uno de los procesos más relevantes sobre violencia contra defensores indígenas, debido a que el dirigente fue asesinado pese a haber sido identificado previamente por el Estado como una persona en situación de riesgo y contar con medidas de protección.