Gobierno declara estado de emergencia en distritos de Huancavelica y Junín por daños de sismos

El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en diversos distritos de las provincias de Huancavelica y Tayacaja, en Huancavelica, así como en Chupaca, Concepción y Huancayo, en Junín, debido a los daños ocasionados por movimientos sísmicos.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 115-2026-PCM, publicado este jueves 13 de agosto en el boletín de Normas Legales de El Peruano. La declaratoria permitirá adoptar medidas de excepción y ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

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Medida decretada tras temblores

De acuerdo con la norma, los gobiernos regionales de Huancavelica y Junín, junto con las municipalidades comprendidas en la declaratoria, deberán implementar las acciones necesarias con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). También participarán los ministerios y otras entidades públicas y privadas involucradas.

Las intervenciones deberán mantener una relación directa con los daños provocados por los sismos y podrán modificarse según las necesidades que se identifiquen durante la emergencia, siempre que estén sustentadas en los estudios técnicos correspondientes.

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¿Qué se podrá enviar a las zonas afectadas?

El decreto también contempla la posibilidad de recibir donaciones de bienes necesarios para atender a la población afectada. Entre ellos figuran medicamentos, equipos médicos, alimentos, bebidas, prendas de abrigo, colchones, calzado, artículos de higiene, pañales, herramientas y materiales de construcción.

Asimismo, podrán donarse equipos y maquinaria como generadores eléctricos, combustibles, radios de comunicación, carpas, bolsas de dormir, linternas, motobombas, maquinaria pesada, volquetes, tractores, puentes provisionales y elementos para puentes modulares, entre otros.

El Gobierno precisó que las acciones contempladas en la declaratoria serán financiadas con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.