
El jefe de la Defensoría del Pueblo en la región Amazonas, José Luis Oblitas, alertó que entre enero y julio de 2026 se han reportado 370 casos de violencia sexual en la provincia de Condorcanqui. La cifra fue proporcionada por el Consejo de Mujeres Awajún, Wampis, Umukai Yawi (Comuawuy), según señaló en una entrevista con RPP Noticias.
El funcionario advirtió sobre el alto registro de vulneraciones luego de conocerse una denuncia de presuntos tocamientos indebidos por parte de militares contra dos adolescentes de 15 y 16 años en una residencia estudiantil de Nieva, en Condorcanqui. “Esta alerta nos exige que se investigue este caso con severidad y, además, que no quede impune”, afirmó.
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El representante defensorial explicó que la provincia más alejada de Amazonas carece de servicios básicos que permitan atender con urgencia las denuncias de presuntos abusos contra sus habitantes. “No hay centros de salud al cual rápidamente se pueda solicitar apoyo para las víctimas y también no hay comisarías en la zona de frontera cercana de Ecuador”, dijo.
Asimismo, refirió que la dependencia policial más cercana está ubicada a dos o tres días de viaje en sistema fluvial, pero no siempre las víctimas logran llegar debido a las lluvias que muchas veces dificultan los viajes en barco y ponen en peligro la vida de los ocupantes. Estas condiciones generan que muchos hechos se investiguen en territorio ecuatoriano y no en el Perú, agregó.
El 21 de julio, la presidenta de Comuawuy, Rosemary Pioc, denunció que militares realizaron tocamientos indebidos a dos adolescentes tras ingresar la noche anterior a la residencia estudiantil del colegio Ciro Alegría, en el distrito de Nieva, donde las menores descansaban. Los uniformados habrían irrumpido de forma violenta y sin una justificación aparente, según señaló la dirigente.
Tras la denuncia, formalizada por el director del plantel, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Condorcanqui inició una investigación preliminar contra dos soldados del servicio militar voluntario por la presunta comisión del delito de tocamientos indebidos en agravio de dos menores de 15 y 16 años.
Asimismo, el organismo dispuso la ejecución inmediata de diligencias urgentes como el requerimiento de prueba anticipada mediante cámara Gesell, la constatación fiscal en la escena de los hechos, la toma de declaraciones de las promotoras que auxiliaron a las víctimas y las evaluaciones de integridad física y sexual. Además, solicitó medidas de protección inmediatas a favor de las adolescentes para garantizar su seguridad y bienestar.
El caso de violencia anterior no es el único reportado en los últimos días en Condorcanqui. El 18 de julio, las alertas se encendieron por una niña awajún de siete años de edad que permanecía en grave estado de salud tras ser víctima de agresión sexual en la comunidad nativa de Pantam Entsa, en el distrito de El Cenepa. Tras varios esfuerzos, la menor fue trasladada al Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Luján de Bagua, donde logró ser estabilizada.
El presunto agresor sería su padrastro Darwin Chuup Wasum (23). El hombre fue retenido por los propios comuneros, quienes luego lo entregaron a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público. Sin embargo, cuando se disponía su traslado a Huampani, el sujeto huyó.
El caso llevó a un grupo de organizaciones y colectivos feministas a realizar un plantón el miércoles 22 de julio frente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para exigir justicia por la menor y la captura de Chuup, quien continúa prófugo y es buscado por las autoridades. La movilización también buscó visibilizar la situación de vulnerabilidad que enfrentan niñas y adolescentes de los pueblos awajún y wampis, quienes enfrentan barreras para acceder a la justicia y a servicios especializados en sus territorios.
“Es muy triste lo que está pasando. Es increíble que el agresor se haya escapado. Hemos venido a Lima porque este no es el único caso (…) Para ellos no hay leyes, no existen o no llegan. En las comunidades no aparecen las autoridades ni la justicia. En provincia no tenemos especialistas y los hospitales están en malas condiciones”, señaló Sheyla Farje, vocera de la Red de Mujeres de Amazonas.
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