Loreto: Presuntos mineros ilegales atacan a fiscal, policías y militares en río Nanay

Momentos de alta tensión se vivieron en el río Nanay, región Loreto, donde un grupo de personas encapuchadas protagonizó una asonada contra representantes del Ministerio Público, la Policía y las Fuerzas Armadas, e impidió la destrucción de cuatro dragas usadas por la minería ilegal.

Este hostigamiento ocurrió en medio de una creciente confrontación por los operativos contra esa ilícita actividad que está devastando la Amazonía y causa deforestación masiva, contaminación por mercurio en ríos y destrucción de biodiversidad.

Desde la Fiscalía de Loreto surge una gran preocupación, pues esta situación se registró después de que el 27 de abril muriera el suboficial Carlos Alfredo Neira Abanto y otro efectivo resultara herido durante un enfrentamiento en la comunidad nativa Providencia, en el sector del río Corrientes, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto.

Este hecho ocurrió durante un operativo destinado a recuperar una embarcación retenida por comuneros, quienes exigían un pago de aproximadamente S/2 millones para liberar dos barcazas y a sus tripulantes.

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En el caso del río Nanay, ocurrió cerca de las comunidades de Diamante Azul y San Juan de Ungurahual. El titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Bratzon Saboya, junto con policías y militares que salieron a interdictar, estuvo en alto riesgo tras verse superado por quienes defendían la actividad ilícita.

Voceros de esa institución aseguraron que las mafias locales impusieron su ley y evitaron, en un inicio, que el Estado eliminara las herramientas de contaminación. “Las autoridades se replegaron, pero en el transcurso de la tarde-noche volvieron y cumplieron con la interdicción”, dijo una fuente del Ministerio Público.

En ese sentido, la Fiscalía ya inició las investigaciones para identificar a los responsables de este desafío abierto a la justicia. Se busca determinar quiénes orquestaron el cerco que permitió, por horas, salvar la maquinaria destinada al saqueo de recursos. El incidente dejó en evidencia la vulnerabilidad de los agentes frente a grupos organizados.

Mientras las investigaciones avanzan en los despachos, el daño ambiental en el río Nanay continúa sin tregua. La salud de las poblaciones locales sigue siendo la principal víctima de esta alarmante falta de control.

La situación ocurre en una región que desde hace semanas permanece bajo fuerte presión de las autoridades ambientales, militares y policiales.

En efecto, la minería ilegal en el río Nanay atraviesa una etapa crítica por un incremento en la sofisticación de los equipos y una fuerte resistencia social frente a las intervenciones estatales. El río, principal fuente de agua potable para 500.000 personas en Iquitos, sigue bajo amenaza por la proliferación de dragas y ‘tracas’ mineras.

A partir del último análisis de imágenes satelitales de radar desarrolladas por Conservación Amazónica (ACCA), se detectaron 36 infraestructuras mineras a lo largo del río Nanay durante febrero.

Este hallazgo confirma que la actividad aurífera sigue presente en una cuenca clave para el abastecimiento de agua de las comunidades y la biodiversidad.

Las imágenes satelitales muestran grupos de dragas ubicadas cerca de las riberas y en zonas donde se acumulan sedimentos, áreas donde suele concentrarse la extracción de oro. En uno de los puntos analizados, por ejemplo, se identificó un conjunto de cinco dragas que operaba muy próximo entre sí.

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Solo en enero de este año, RAMI identificó 110 infraestructuras mineras en el río Marañón, en Loreto.

Asimismo, estudios recientes revelan que el 80% de la población evaluada presenta niveles de metales pesados superiores a los límites permitidos, debido al uso de mercurio en la extracción de oro aluvial.

La actividad ha comenzado a expandirse hacia los bosques ribereños y afecta áreas protegidas.

Asimismo, la turbidez y la contaminación del río ponen en riesgo directo el suministro de agua para Iquitos, lo que ha generado protestas y cierres del río por parte de las comunidades locales.

Frente a esta problemática, autoridades de la Marina y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) continúan realizando destrucción de campamentos y dragas.

Según el Ministerio Público, se han emitido condenas contra individuos encargados de abastecer con combustible a las operaciones ilegales en el Nanay. Las penas para quienes integran estas redes criminales pueden alcanzar hasta 9 años de cárcel.

Sin embargo, persisten demandas judiciales para anular concesiones mineras otorgadas sobre el cauce del río, con el argumento de la vulneración del derecho a un ambiente saludable.