Transportistas denuncian que Dina Boluarte incumplió promesas para frenar crimen: "80% de empresas están coaccionadas"

Ha pasado más de un año desde que los dirigentes del sector transporte se reunieron con el Gobierno, luego del primer paro nacional en abril. En esa sesión llegaron a varios acuerdos, como la instalación de cámaras en las combis, la reglamentación del protocolo de denuncia protegida, la derogatoria de la ley procrímenes, entre otras medidas. Sin embargo, hasta la fecha ninguno se ha cumplido.

Mientras tanto, las extorsiones y atentados contra este sector se han intensificado durante este año. Martín Valeriano, presidente de Anitra, alertó que desde el 26 de septiembre de 2024 hasta la fecha se han registrado 30 asesinatos relacionados con el transporte urbano, además de 28 atentados.

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Promesas del Ejecutivo a los transportistas que no se han cumplido hasta la fecha

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, indicó a La República que desde 2024 han sostenido varias reuniones con el Ejecutivo, el Legislativo, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Una de las principales promesas fue que estos organismos coordinarían para buscar una solución inmediata que frene la inseguridad ciudadana, pero esto no se ha concretado.

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“Hasta el momento no han coordinado entre ellos; están liberando a las bandas criminales, el Poder Judicial está soltando prontuariados. Todo es un caos”, señaló.

Además, Ojeda sostuvo que este problema los está afectando profundamente, pues el 9 de julio fueron asesinados un conductor y un cobrador de la empresa Emptonsa.

Otra de las medidas pendientes es la reglamentación del protocolo de denuncia protegida, que hasta el momento sigue sin implementarse. “No existe un protocolo claro para la reserva de denuncia. Uno no sabe si debe hacerla ante la Policía o la Fiscalía, y al final termina apareciendo tu nombre”, explicó.

Por otro lado, la promesa de instalar cámaras de seguridad en los vehículos de transporte público solo se ha materializado con la reciente publicación de un proyecto normativo en el diario oficial El Peruano.

“Vamos a hacer un último esfuerzo para reunirnos con todas las autoridades y, a partir de ahí, establecer una fecha para una nueva huelga, un paro con apagón de motores, que no sea mal visto ni mal utilizado por otros con fines políticos”, advirtió.

Por su parte, recalcó que su asociación no participará en el paro convocado para los días 27, 28 y 29 de julio, debido a que no comparten las ideas de dicha protesta.

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"Los atentados siguen y no hay respuesta del Gobierno"

Sobre el tema, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), recordó que luego de la paralización del 10 de abril sostuvieron una reunión en la que se instaló una mesa de trabajo con la participación de los tres poderes del Estado, incluyendo al INPE y al Ministerio Público. En esa oportunidad, los dirigentes les dieron plazo de 30 días para implementar medidas concretas contra la criminalidad, pero, según denunció, los resultados nunca llegaron.

Hasta la fecha, mencionó, no han visto avances reales; por el contrario, las extorsiones han aumentado.

Uno de los compromisos también fue indemnizar a los familiares de las víctimas de la criminalidad, así como derogar las leyes denominadas "procrímenes", pero estas medidas tampoco se han cumplido.

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Según detalló Valeriano, desde el 26 de septiembre de 2024 hasta la actualidad se han registrado 30 asesinatos vinculados al transporte urbano, además de 28 atentados.

La situación, agregó, se ha vuelto insostenible debido a que más del 80% de las empresas de transporte ya están “acordonadas”, es decir, sometidas al pago obligatorio de extorsiones diarias. “Muchas empresas están pagando a dos o tres bandas criminales. Ahí empieza la muerte, porque uno ya pagó y otro viene a cobrar. Si no le dan, matan”, advirtió.

Evalúan nuevo paro ante incumplimiento de promesas

En ese contexto, Martín Ojeda advirtió que si tras la reunión programada para mañana con el ministro del Interior y el ministro de Transportes no llegan a un acuerdo firme y verificable, evaluarán convocar a un nuevo paro nacional.

“Será un paro con apagón de motores. Pero no queremos que sea malinterpretado ni manipulado por otros actores con fines políticos. Por eso, primero haremos un último esfuerzo por dialogar con todas las autoridades”, señaló.