Delincuentes extranjeros detenidos en flagrancia serán expulsados de manera inmediata tras aprobación del Congreso

El Congreso de la República aprobó el miércoles 14 de mayo una norma esencial para fortalecer la seguridad ciudadana en el Perú. Esta nueva disposición permite la expulsión rápida de delincuentes extranjeros capturados en flagrancia, sin la necesidad de una sentencia judicial definitiva. La reforma tiene como finalidad acelerar la respuesta legal ante la delincuencia cometida por personas extranjeras en el país.

Con 97 votos a favor, la modificación al Código Penal autoriza a los jueces a ordenar la deportación inmediata de quienes sean detenidos "in fraganti". Esta acción responde a la preocupación social sobre el aumento de delitos cometidos por extranjeros y se apoya en encuestas que reflejan un respaldo mayoritario ciudadano.

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Detalles sobre la expulsión inmediata y la reparación civil

La premisa establece que la expulsión se puede ordenar durante la audiencia de control de detención o dentro de las 24 horas posteriores a la captura, siempre y cuando la flagrancia quede probada. Esta medida agiliza el proceso judicial y evita largas demoras para retirar del país a quienes delinquen.

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Además, la ley incluye que la persona expulsada no podrá regresar al Perú mientras dure la pena máxima del delito, que puede ser entre 5 y 25 años. Otro punto importante es que se permite la incautación de bienes para reparar los daños causados por el delincuente, a través del decomiso o extinción de dominio, sin que esta reparación tenga plazo de prescripción.

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Seguridad ciudadana: los beneficios y excepciones

El legislador Alejandro Soto, promotor de la iniciativa, destacó que el Perú es el único país en la región que permitía el retorno de delincuentes extranjeros sin sanciones. Soto señaló que quienes regresen podrán recibir penas de prisión entre 6 y 10 años, reforzando el mensaje de cero tolerancia.

La ley también protege derechos fundamentales, excluyendo a menores de edad, solicitantes de refugio y personas cuya expulsión afecte derechos reconocidos por tratados internacionales o la Constitución. Esto asegura un equilibrio entre el control judicial y el respeto a los derechos humanos.

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