Paro de transportistas fue parcial, pero sus reclamos contra el Gobierno y el Congreso se escucharon

Las presiones del Gobierno, de los últimos días, hicieron efecto. La paralización de un sector de transportistas, cuyos choferes y cobradores se encuentran preocupados por las extorsiones y atentados que sufren a diario, no tuvo el impacto que se esperaba en las principales avenidas de Lima y Callao.

Desde temprano, la mayoría de empresas de transporte público salió a trabajar, aunque con pocas unidades, por lo que los usuarios se movilizaron con algunos problemas a sus centros de trabajo y de estudios. Sin embargo, pese a la poca convocatoria, los transportistas hicieron escuchar sus reclamos para que el Gobierno y el Congreso tomen acciones contra la delincuencia organizada.

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En el óvalo de Puente Piedra no se observó la contundencia del paro como sí sucedió en las primeras protestas de setiembre y octubre del año pasado, en las que participaron también los comerciantes del mercado de Huamantanga.

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Lo mismo se comprobó en San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Ate, el Rímac y el Callao. Los transportistas tuvieron que salir a trabajar de forma obligatoria por sus familias. Esto a pesar de las amenazas y ataques que sufren.

Los trabajadores que sí salieron a protestar llevaban pancartas y banderolas en las que mostraban su rechazo a las acciones del Ejecutivo y a los proyectos de ley del Parlamento.

Cansados de las extorsiones

“No estamos levantando una bandera partidaria. No hay un líder detrás ni un partido político. Yo soy transportista y dirigente. No hay financiamiento detrás”, respondió Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani) mientras marchaba con algunos compañeros.

Ante una pregunta relacionada a la poca convocatoria, el dirigente manifestó -sin pruebas- que las empresas de transporte público no participaron del paro “porque las amenazan con quitarles la autorización de sus rutas”.

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Edgar Vitor, secretario general de Transportes Unidos, también se pronunció y admitió que si bien la medida de fuerza fue parcial, “sirvió para ver hasta dónde llega la incapacidad del ministro de Interior (Juan José Santiváñez). Hoy ha mandado policías a cada paradero cuando debería hacerlo todos los días”, criticó.

Y en efecto, ayer se desplegó un contingente de más de 2.700 policías hacia diversas partes de la capital, como lo confirmó el general Enrique Felipe Monroy, jefe de la región policial de Lima, “con el objetivo de evitar bloqueos de vías y actos delictivos”.

Exigen salida del ministro

Desde la Panamericana Norte, Julio Campos, vicepresidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), señaló que tienen que llegar al punto de realizar paralizaciones para que recién la policía salga a patrullar las calles. “Eso necesitamos todos los días. Nos están matando. Y ha quedado demostrado que cuando hay voluntad política, se pueden desplegar agentes para la seguridad”.

De esta manera, los tres dirigentes señalaron que los planes del ministro del Interior, como los estados de emergencia, no dan resultados, por lo que exigieron su renuncia. Ya no saben qué debe pasar para que ocurra eso.

“El paro no tiene motivaciones políticas, como lo vienen diciendo las autoridades del Gobierno. No hay tinte político. Acá solo se está luchando por salvar la vida de los compañeros. Vemos tantas víctimas, dos o tres muertos diarios, y no solo en el sector del transporte, que somos blancos de las extorsiones, sino también en los diferentes sectores”, afirmó, por su parte, Martín Valeriano, presidente de Anitra.

También advirtió que ya más del 50% de las empresas de transporte público pagan cupos a las bandas de extorsionadores porque no encuentran otra salida. Por eso, algunas prefieren seguir operando por su sustento de vida.

Evaluarán nuevas protestas

Por la tarde, decenas de transportistas se concentraron en la plaza San Martín, en el centro de Lima. En ese punto se sumaron algunos miembros de grupos estudiantiles y de colectivos ciudadanos. Pero no había una coordinación clara. Un grupo marchó en el perímetro de la plaza y otros en dirección al Palacio de Justicia y el Ministerio del Interior, en San Isidro.

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“Al finalizar la marcha, vamos a hacer una evaluación. Vamos a tener una reunión más amplia el sábado 8 de febrero, en el que propondremos a todos los dirigentes un nuevo paro nacional, pero que sea uno como ocurrió en setiembre y octubre del 2024”, respondió Julio Campos, dirigente de Anitra.

Dijo que los transportistas y sus pasajeros necesitan protección porque los siguen matando. “Hay bandas que se organizan y asesinan. El ministro del Interior no ha hecho nada”.

Más atentados en Lima y Callao

Un día previo al paro de transportistas, se reportaron tres nuevos atentados contra choferes en menos de 24 horas.
La madrugada del miércoles, balearon un bus de la empresa Norteamérica S.A. en el cruce de las avenidas Guardia Civil y Guardia Peruana, en Chorrillos. El conductor fue herido de bala y los pasajeros se salvaron de milagro.

Después, al promediar el mediodía, un mototaxista fue baleado en el cruce de las avenidas Venezuela con Iquique, frente al Metro de Alfonso Ugarte. El pasajero también resultó herido. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde se confirmó la muerte del conductor.

Por la noche, dos sicarios en moto atacaron a balazos al chofer de un bus de la empresa Chama cuando iba con pasajeros por el cruce de las avenidas Las Palmas con Sáenz Peña, en Lurín. Resultó herido y su cobrador salió ileso.

Producto a ese ataque, los conductores de más de 100 buses de la empresa Chama no salieron ayer a trabajar y denunciaron que una banda de extorsionadores los viene amenazando desde hace tres meses. Lamentablemente, se quejaron que la PNP no hace nada.

Minimizan medida

La noche previa al paro, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, deslegitimó la medida de fuerza al señalar que sus promotores son transportistas ilegales que responden a otros fines.

Ayer, desde Chiclayo, dijo que “el paro ha sido un fracaso”. “Los ilegales no han podido vencer a los peruanos que tenemos buena voluntad para trabajar”, dijo sin admitir la ola delincuencial que azota no solo a ese sector.

Y es que el Gobierno no toma en cuenta que solo en lo que va del año, según el Sinadef, ya hay 196 peruanos asesinados. ❖

López Aliaga y sus promesas incumplidas

En seguridad ciudadana, el alcalde Rafael López Aliaga prometió la compra de 10.000 motocicletas para la Policía y los serenazgos. Esto fue cumplido a medias porque solo entregará 4.000 unidades.

Ofreció crear el Sistema de Reservistas de las Fuerzas Armadas en las zonas de mayor delincuencia. A la fecha, no hay avances.

También prometió la identificación obligatoria de motos. Pero aún siguen evaluando una ordenanza.

Para el exregidor Carlo Ángeles, el mayor fracaso del alcalde es la seguridad ciudadana porque la delincuencia que vive Lima no tiene precedentes.