Paro de 72 horas: los que participan y sus razones

Ante la indiferencia del Gobierno frente a la ola de delincuencia que desangra al país, varios gremios de transportistas, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Sutep, algunos comerciantes de Gamarra y Mesa Redonda y colectivos de la sociedad civil anunciaron su apoyo al paro de 72 horas que se realizará en los días centrales del APEC, con el fin de exigir medidas contra la criminalidad que afecta a emprendedores de todos los rubros.

Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), organizador de los paros del 10, 11 y 23 de octubre, señala a La República que los días 13, 14 y 15 de noviembre paralizarán sus labores y se movilizarán de forma pacífica desde distintos puntos de la capital.

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Asimismo, señala que la razón principal de este paro es la Ley n.º 32108 que favorece a la criminalidad, y la Ley de terrorismo urbano, “pues ambas normas benefician a los criminales. Los ataques contra los ciudadanos se han intensificado. El estado de emergencia en diferentes distritos no está dando resultados, pues continúan los asesinatos y las extorsiones. Exigimos medidas urgentes”.

Por su parte, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), refiere que su institución agrupa a 53 empresas que operan 20,000 vehículos, los cuales paralizarán sus actividades durante los tres días de protesta general. “No tenemos intereses políticos, marchamos por la vida de nuestros trabajadores”.

La CGTP presente

Quienes también se unirán a esta lucha son los dirigentes y afiliados a la Confederación General de Trabajadores del Perú. Así lo aseguró César Soberón Estela, secretario de la CGTP, quien señala que, hasta la fecha, 24 dirigentes de construcción civil han sido asesinados por secuaces del crimen organizado.

Recordó que la última víctima fue el secretario general del Sindicato de Lima y Balnearios, Arturo Cárdenas, quien fue atacado por un sicario frente a la sede de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Por ese motivo decidieron sumarse a este paro, para pedir acciones eficaces contra el crimen.

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Gamarra y Mesa Redonda

Por su parte, Edward Raymundo, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegama), anunció que suspenderán sus actividades el día 13 de noviembre. “No somos indiferentes, debemos apoyar este paro que es por la vida”.

“La presidenta no nos escucha ni ve la realidad de los hechos. Hay mucha indiferencia de su parte. Al no ver resultados, necesitamos cambiar al ministro del Interior”, argumenta.

Sobre el arresto del comandante PNP Daniel Roldán Santos, jefe de la comisaría de Apolo en La Victoria, Raymundo señaló que él también fue una de sus víctimas. Por ese motivo, pidió la reestructuración de la comisaría, argumentando que este tipo de denuncias no son nuevas en Gamarra.

En este contexto, mencionó que la declaratoria de emergencia en La Victoria sería en vano, ya que los distritos bajo esta medida siguen siendo afectados por la delincuencia y las extorsiones. “Pedimos al ministro que cambie de estrategias”.

En tanto, Américo Quispe, presidente de la Asociación de Mesa Redonda, también expresó su firme decisión de unirse al paro nacional de 72 horas, argumentando que la inacción del Gobierno frente a la creciente criminalidad es inaceptable. “El paro va sí o sí”.
Mientras tanto, distintos gremios de salud, tanto asistenciales como administrativos, anunciaron una huelga nacional indefinida para este mes si no se atienden sus demandas.

Y el Sutep anunció que acompañará las movilizaciones, pues respaldan la lucha de los transportistas. Lo mismo harán en las regiones movimientos sociales y de derechos humanos este 13, 14 y 15.

Aumentan extorsiones

De enero a octubre de este año se han registrado 17.658 denuncias por extorsión y 2.027 por casos de homicidio a nivel nacional, cifras superiores a las del mismo periodo en 2023, según arroja el Sistema Informático de Denuncias de la Policía Nacional (Sidpol).

Urge un ministro dialogante

Por Ricardo Valdés, exviceministro del Interior

No recuerdo que, en el Perú, la inseguridad, la extorsión y el sicariato, hayan sido los detonantes de una conflictividad social extendida en varias regiones del país. La ineficiencia del Ejecutivo, sumada a la irresponsabilidad del Congreso, son las principales causas.

Hay decisiones e inversiones que son indispensables. Para empezar, se requiere de un gesto político que permita la promesa de un cambio de escenario. Ello supone la salida del ministro del interior. Hay razones justificadas para ello.

Luego, con un ministro dialogante, que converse con la Fiscalía y Poder Judicial, potenciar las inversiones en gestión policial e investigación criminal. Ello implica también sumar al sector privado en el diseño de las soluciones. Tienen mucho que ofrecer en lo empresarial, tecnológico y financiero, qu es precisamente por donde corren las extorsiones.