Un día de paro, protesta y pedidos de leyes eficaces contra el crimen

Son las 6 de la mañana y decenas de personas esperan movilidad en el paradero Famesa, en Puente Piedra. Varios llevan esperando más de dos horas sin que pase un solo bus por la carretera que, a esta hora, suele estar congestionada por vehículos de transporte público. Con gran malestar, algunos optan por tomar colectivos que han elevado sus tarifas de 6 a 15 soles. “Estoy desde las 4:30 a.m. esperando mi carro, los precios de los taxis son un abuso. Mejor me regreso a casa”, señala uno de los usuarios.

A lo largo de la Panamericana Norte, la Carretera Central, la Panamericana Sur y Evitamiento, se repite la imagen. Son miles las personas varadas debido al paro de transportistas que reclaman medidas ante el incremento de la extorsión y el asesinato, amenazas que afectan también a otros gremios como farmacias, construcción civil, transporte, bodegas, ferreteros, colegios y comerciantes de Gamarra y Mesa Redonda, quienes también se sumaron a esta medida ante la inacción del Gobierno.

Los mercados de Unicachi (Comas), Huamantanga (Puente Piedra), Oasis (SJL), Virgen del Carmen (La Punta), Mercado de Frutas (San Luis), Mercado de Magdalena y otros se sumaron a esta movilización y cerraron en apoyo a sus compañeros. También los centros comerciales Polvos Azules y Las Malvinas.

Ante este panorama, el Ministerio de Educación decidió que las clases se desarrollen de manera virtual en todas las instituciones públicas y privadas de la capital. Hoy será igual.

Un día sin carros

Desde la pandemia no se veía algo como ayer. Avenidas principales como la Panamericana Norte, Sur, la av. Brasil y Universitaria lucían desoladas, sin buses de transporte público y con muy pocos vehículos particulares. Por momentos solo pasaban unidades de la Policía o las FFAA trasladando gente, o algunas unidades de los corredores viales, el Metropolitano y los buses alimentadores que no se daban abasto para atender a tantos usuarios.

Sin embargo, para el viceministro de Seguridad Pública, Julio Díaz Zulueta, en Lima había “normalidad en el transporte”, pese a los miles de pasajeros varados en Puente Nuevo, Caquetá, Pro, Las Pilas, Naranjal, Santa Anita, Carretera Central, Panamericana Sur, etc.
Y no fue el único con una visión extraña de los hechos. El premier Gustavo Adrianzén señaló en la mañana que el 85% del transporte formal estaba funcionando y que las demoras se debían a que los conductores habían llegado con retraso a sus centros de trabajo.

Y por la tarde dijo haber visto lo que ningún limeño comprobó: bodegas abiertas, mercados al 100%, buses con mayor flota, galerías con puertas abiertas.

Y como si fuera poco, pretendió restarle legitimidad a la protesta, señalando que detrás del paro había organizaciones vinculadas al Movadef y a movimientos políticos que querían aprovechar los reclamos de los transportistas.

La respuesta al primer ministro llegó desde Gamarra y los mercados mayoristas, donde los comerciantes le pidieron no “terruquear” la protesta, sino “trabajar y sacar leyes que sirvan para combatir a la delincuencia”. En la avenida Abancay miles pidieron lo mismo.

Movilización llegó al Congreso

Por la tarde, miles de manifestantes se movilizaron pacíficamente, siguiendo la Panamericana Norte, hasta el Congreso de la República, para exigir mayor seguridad. Con pancartas y banderas en mano clamaron por justicia y seguridad frente al aumento de extorsiones, robos y asesinatos que vienen afectando tanto a transportistas como a la población en general.

Previamente hubo concentraciones en diversos puntos estratégicos, como el Puente Rosa Luz, la intersección de Alfredo Mendiola con Próceres de Huandoy, y el cruce de la avenida Panamericana Norte con avenida Cementerio. Asimismo, otros lugares como el óvalo Izaguirre en Los Olivos y el paradero Salamanca en la avenida Túpac Amaru se sumaron como epicentros de las protestas.

“Mercados cerraron por temor”

En tanto, los mercados de varios distritos cerraron sus puertas para unirse al paro de los transportistas, en un acto de solidaridad ante los constantes cobros de cupos por parte de organizaciones criminales. No obstante, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez-Reyes, afirmó que los comerciantes no abrieron sus puestos por temor a posibles ataques o disturbios, desestimando así el verdadero motivo de la movilización.

“Invocar a los comerciantes de los mercados que decidieron no abrir el día de hoy por temor a que pueda haber un tipo de desorden ciudadano que afecte sus negocios, como pueden ver ellos ya la ciudad está totalmente segura. Los pequeños incidentes que hubo ya se resolvieron”, señaló Pérez-Reyes.

Los primeros en anunciar su apoyo a esta protesta fueron los comerciantes del mercado de Huamantanga, en Puente Piedra. Luego siguieron otros centros de abastos, lo que indica que el titular del MTC desconoce la realidad.

El ministro también aseguró que la ausencia de combis y buses en horas de la mañana se debió a que los trabajadores no pudieron llegar a sus empresas puntuales, por lo que su salida de los transportes públicos se retrasó.

“Lo que había en etapa inicial es que los conductores no llegaban a su centro de trabajo para iniciar el transporte de conducción, pero ya se viene normalizando”, explicó.

Bombas lacrimógenas

En el centro, transportistas, empresarios y comerciantes se congregaron cerca del Congreso de la República para protestar y exigir la derogatoria de la ley procrimen (n.° 32108), que se ha convertido en un salvavidas para los extorsionadores. Sin embargo, la Policía los dispersó con bombas lacrimógenas y disparos de perdigones en la avenida Abancay.

El clima de tensión se intensificó cuando se registró un enfrentamiento entre los manifestantes y los agentes de la PNP, quienes intentaban bloquear el avance de la protesta.

“La policía, en vez de protegernos contra la delincuencia, ahora nos reprime. Nosotros estamos aquí para suplicar protección, porque ya estamos cansados de tanta extorsión y robos. Pedimos algo justo. Estoy indignado como peruano por esta situación”, señaló uno de los manifestantes.

Desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte se pronunció en medio del paro contra la extorsión y se distanció del aumento de la inseguridad ciudadana durante su gestión, argumentando que se trata de un problema heredado de años anteriores.

Asimismo, sostuvo que su Gobierno ha desplegado 7.600 policías en el marco del estado de emergencia que rige en 13 distritos de Lima y uno en el Callao.

“Acá nos mantenemos firmes frente al accionar de personas y bandas que apelan al terror para quitarle la paz a nuestros hermanos. Es un problema heredado de años anteriores”, insistió.

En tanto, algunos dirigentes del sector transporte acudieron al Congreso para exponer sus reclamos, entre ellos, la urgente derogatoria de la ley n.° 32108 y el archivo del proyecto que busca crear la figura penal de terrorismo urbano. Al cierre de esta nota, dijeron que el paro continuará hasta hallar soluciones.

Transportistas de otras regiones se sumaron al paro

Transportistas de Chiclayo, Huancayo, Junín y Arequipa se unieron al paro, levantando sus voces para hacer un llamado a la gestión de Dina Boluarte a fin de que tome medidas efectivas ante la creciente ola criminal que afecta a sus regiones y sus negocios. Con mensajes como “Chiclayo presente” y “Queremos trabajar en paz” adornando los parabrisas de sus vehículos, los conductores en Lambayeque emprendieron una marcha rodante, recorriendo sus principales calles y avenidas.

El Ministerio del Interior anunció la captura de cinco sujetos en el Callao que arrojaron ‘aletas de tiburón’ para pinchar llantas de buses de transporte público.

En Huarochirí, la Policía detuvo a varios manifestantes en Jicamarca. Según testigos, estos individuos agredieron a un coronel y a un suboficial.

Protesta

• Apoyo. Ciudadanos de Puente Piedra, SJL, VES, SJM expresaron su respaldo al paro con un cacerolazo desde las ventanas y techos de sus casas. Otros incluso marcharon al lado de los transportistas.
• Medida. La Marina de Guerra habilitó buses para el transporte de los ciudadanos frente al paro. También la Policía.