Alcaldes de San Juan de Lurigancho e Independencia rechazan estado de emergencia: "no funcionará si cometen los mismos errores"
El 26 de septiembre, el gabinete de Dina Boluarte declaró estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao debido al paro de transportistas desde el 27 de septiembre. Alcaldes critican la medida como inadecuada.
El día 26 de septiembre, como respuesta al paro de transportistas y a la conferencia de prensa realizada en el Congreso de la República por los dirigentes del AINTRA, el gabinete de ministros de Dina Boluarte decretó estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao. Sin embargo, los alcaldes de San Juan de Lurigancho e Independencia han calificado la medida como inadecuada, señalando que afectaría las dinámicas económicas y que las Fuerzas Armadas deberían patrullar con más continuidad.
Estos dos distritos mencionados fueron parte de anteriores estados de emergencia que ellos señalan como inefectivos, debido a varios factores, como la falta de presencia de los militares, o de que en su mayoría, se dictamina sin un plan organizado posteriormente por el Ministerio del Interior, junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (F.F.A.A.).
Alcaldes disconformes con estado de emergencia
San Juan de Lurigancho es uno de los distritos que siempre tiende al alza respecto a la incidencia de delincuencia en el territorio; solo desde marzo hasta abril de este 2024, se han registrado 4,885 denuncias por algún acto delictivo en el distrito.
Ante este panorama y la declaración del estado de emergencia, el alcalde Jesús Maldonado comentó que "declarar un toque de queda no es apropiado por las características del distrito, porque hay una dinámica muy nocturna de las labores de los ciudadanos del distrito de San Juan de Lurigancho", señalando que en el Perú hay un problema de la organización de la PNP, sobre todo en los escuadrones de inteligencia especializados en organizaciones criminales.
Además, el alcalde Maldonado rememoró el anterior toque de queda, resaltando que las fuerzas armadas solo estuvieron una semana patrullando en el distrito.
Por parte del alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, comentó que "definitivamente un toque de queda va a afectar la dinámica económica de los distritos (…) yo particularmente no estoy de acuerdo con eso".
Sobre la decisión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, de dar un paso al costado si el estado de emergencia no funciona, ambos alcaldes comentaron que es una posición correcta y que es fundamental para mostrar liderazgo en el gobierno.
Medidas del gobierno
- Se ha establecido la creación de un equipo especializado dedicado a la investigación y persecución del delito de extorsión en el ámbito del transporte público y privado. Este equipo está integrado inicialmente por más de 100 agentes, quienes ya se encuentran desempeñando sus labores en las instalaciones de la #Dirincri.
- La Policía Nacional del Perú (PNP) ha puesto a disposición de la ciudadanía las líneas de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la #Dirincri para recibir denuncias relacionadas con este delito. Los números de WhatsApp habilitados son: 942 841 978 y 966 834 447.
- Se han implementado mecanismos de seguridad policial en los paraderos y en las rutas de transporte, con el objetivo de garantizar la protección de los ciudadanos.
- Se está brindando seguridad policial de forma aleatoria a las unidades de transporte, con la presencia de personal uniformado y civil, con el fin de prevenir actos delictivos.
- Se ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que propone el endurecimiento de las penas por los delitos de sicariato y extorsión, contemplando incluso la posibilidad de cadena perpetua como medida disuasoria.
- Se ha solicitado la creación de una Fiscalía Supraprovincial especializada en la lucha contra la extorsión, con el objetivo de agilizar el proceso de denuncias y garantizar la confidencialidad de los denunciantes a través de protocolos de protección de datos personales.
- Se ha establecido la formación de una mesa mixta en la que participan diversas entidades como el Mininter, MTC, MTPE, Minjus, Mindef, Ministerio Público y Poder Judicial, con el fin de coordinar acciones y estrategias integrales para combatir eficazmente la extorsión en el ámbito del transporte público y privado.
