Por Macarena Bendezú y Elena Sandoval
Diego Jara Huamanñahui es el nombre de un falso médico veterinario, que además de haber sido denunciado por suplantación de identidad, enfrenta cargos por haber ocasionado la muerte de dos perros. Pese a estos antecedentes, la Municipalidad de San Martín de Porres le otorgó la licencia de funcionamiento al establecimiento en 2021, dos días después de la primera denuncia por negligencia.
Almendra Valdiviezo fue puntual al consultorio del presunto veterinario Diego Jara, ubicado en la avenida 27 de noviembre del distrito de San Martín de Porres, para realizarle una cesárea a su chihuahua. Al llegar, él no se encontraba, por lo que ordenó a un practicante proceder con el suministro de suero. Antes de que pudiese asimilar la situación, la mascota de Almendra había fallecido en sus brazos producto de una aplicación excesiva del líquido.
“(Incluso) cuando llegó, me gritó diciendo que yo no había llegado a la hora, lo cual era falso, quedamos a las 11”, declara Almendra, quien le exigió que terminara la cesárea para salvar a los cachorros del cuerpo fallecido de su mascota. “Se apuró en ofrecerme un par de bolsas de leche y las vacunas de las crías”, recuerda. Seis meses después de lo sucedido, la joven asegura aún no haber encontrado respuesta de ninguna autoridad.
Días posteriores a la denuncia realizada en la Comisaría de Barboncito en San Martín de Porres, Almendra volvió para encarar al falso veterinario; sin embargo, había desaparecido y, el practicante, Jordi Piscoya, estaba escondido en el lugar.
Ante ello, Beatriz Franciscovik, abogada especialista en derecho animal, afirma que ningún interno se encuentra en condiciones de realizar operaciones o acciones quirúrgicas sin supervisión de un especialista, puesto que así se incurre en negligencia.
Al volver a la veterinaria, Almendra fue recibida por la doctora Eylin Tamayo, quien sí se encuentra colegiada (CMVP 9529), lo cual es requisito obligatorio para ejercer funciones médicas. En este embrollo de inscripciones, Tamayo sí figura como trabajadora contratada por Jara. “La doctora me trató mal, se burló despectivamente del caso y no me dio respuesta”, cuenta.
Contrato de Eylin Tamayo, en la que figura como “trabajador”, mientras que Diego Jara como gerente general. Fuente: Municipalidad de San Martín de Porres.
Asimismo, un vecino contactado para esta investigación, quien prefiere guardar la reserva de su identidad, asegura que ya han sucedido casos similares. “Cuando sucede alguna negligencia, la doctora es la que da la cara, porque es la titulada. La Policía ha venido muchas veces al lugar por pérdidas de mascotas, muertes o colocación de medicinas incorrectas”, detalla la fuente.
Como parte de esta investigación, se encontró que Jara opera de manera ilegal al no contar con el grado de licenciatura en Medicina Veterinaria, y que desaparece cuando surge alguna denuncia en su contra, pero retorna cuando el ambiente vuelve a la normalidad.
Diego Jara, quien según la consulta en línea de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), no cuenta con ningún grado o título profesional ni figura en el Colegio Médico de Veterinarios, está registrado solo como gerente —titular de la Veterinaria Animal Team EIRL–, y no como trabajador, según la inscripción realizada en Registros Públicos en 2021.
No obstante, el establecimiento ya operaba desde 2019, como lo indica una denuncia de robo en el lugar. Pese a las irregularidades, el centro veterinario aún se mantiene en funcionamiento.
Buscador de Diego Jara en el buscador del Colegio Médico Veterinario de Lima en agosto de 2024. Fuente: CMVDL.
Como parte de este reportaje, nos acercamos al lugar para corroborar si es que Jara y su asistente aún laboraban en la veterinaria. Tras dos visitas, los encontramos recibiendo clientes. Al pedirle a Jara declaraciones sobre las denuncias en su contra, pidió que lo esperáramos unos minutos, sin embargo, nunca salió del establecimiento.
Al conversar con personas que salían del lugar, se referían a él como “doctor” y comentaron que los llevaba atendiendo durante mucho tiempo en esta veterinaria, lo que también confirma que el lugar funcionaba sin impedimento alguno.
Antes de Almendra, en 2021, otra víctima realizó una denuncia contra Jara, también por negligencia médica. Dos días después de esta acusación, la Municipalidad de San Martín de Porres le otorgó la licencia de funcionamiento y así asumió el rol de titular-gerente.
Irene Torrejón, especialista en derecho administrativo, afirma que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, estas no evalúan si es que el solicitante posee demandas. “Al tratarse de denuncias vinculadas a la afectación de animales, la entidad competente para fiscalizar la labor es el Colegio Médico de Veterinarios”, asegura la abogada. Los operativos deben realizarse junto con la Municipalidad, pero, de acuerdo con el expediente municipal de San Martín de Porres, nunca se le ha efectuado seguimiento a la veterinaria.
Frente a lo expuesto, José Mantilla, vicedecano del Colegio Médico de Veterinarios Departamental de Lima, declaró para esta investigación que la entidad vigilante nunca ha recibido el caso. “Las demandas pueden realizarse por dos caminos: a través de nuestra web y por medio de una notificación del Ministerio Público, una vez que la comisaría les traslada el caso”, señala el doctor.
También comenta que sería viable realizar una denuncia años después del hecho ocurrido si es que todavía las pruebas se mantienen vigentes y que, pese al historial del falso veterinario, este aún tendría posibilidad de colegiarse, si lograse culminar estudios y si es que el Consejo Directivo decide aprobarlo.
Por otro lado, en 2021, Jara inscribió a la Veterinaria Animal Team como Empresa Individual de Responsabilidad Limitada ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) para brindar servicios de distribución de implementos para agricultura, así como de diagnóstico de laboratorio clínico. Lo único relacionado con el ámbito veterinario es la exportación y distribución de productos. Ante ello, Torrejón comenta que, si bien las municipalidades no pueden aprobar dos actividades económicas completamente diferentes, esta tampoco es competencia de la Sunarp, cuya entidad solo vela por funciones administrativas.
He ahí el juego. Ante la Municipalidad de San Martín de Porres, solo se ha solicitado licencia de funcionamiento para ejercer como centro veterinario, más no para las otras actividades económicas registradas no solo en la Sunarp, sino también en la Sunat en 2018; es por ello que no se encontró ningún inconveniente en que esta pueda operar con normalidad.
Con el objetivo de conocer si alguna vez se fiscalizó el centro, aunque la documentación municipal indicara que no fue así, nos contactamos con diferentes autoridades del distrito para acordar una entrevista, pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de este reportaje.
Diego Gastelu es otra de las víctimas que Jara dejó. En 2021, su perro de dos semanas de edad, presentaba signos de deshidratación, por lo que se contactó con la veterinaria. Una hora después de ser citado en la veterinaria Animal Team, llegó a la recepción y fue atendido por Jara. Minutos después de la aplicación de suero al cachorro, este dejó de presentar signos vitales. Cuando se le reclamó por el hecho, Jara alegó ser solo el asistente de la veterinaria.
En compañía de dos oficiales que patrullaban cerca a la zona, Gastelu volvió a la veterinaria. Sin embargo, solo se levantó un acta de intervención bajo la tipificación de “Intervenciones policiales”, en la que se menciona que la fiscalía de turno decidió que la denuncia se derive por mesa de partes. No se tomaron mayores medidas y Jara no encontró razones para dejar de operar.
La víctima, además, denunció que Jara suplantó la identidad de Max Escobedo, quien en aquel entonces estaba facultado para ejercer como veterinario. Sin embargo, quien en la actualidad es el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, ahora se encuentra inhabilitado.
“Los ciudadanos, al ser clientes, deben informarse sobre los mecanismos de reclamo como parte de sus derechos”, reflexiona la abogada Torrejón, quien añade que al desconocimiento de los portales de denuncia se le suma la falta de un trabajo articulado entre las entidades competentes en la fiscalización de establecimientos como los que involucran el cuidado de la salud, lo que termina dificultando la efectividad de la denuncia.