Otorgan garantías al Anillo Vial Periférico pese a oposición de vecinos afectados: casi 3.000 predios serán expropiados

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha otorgado las garantías y seguridades estatales para el diseño, financiamiento, construcción, operación, explotación y mantenimiento del futuro Anillo Vial Periférico. Este importante proyecto de infraestructura vial está siendo promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Esta medida, oficializada mediante el decreto supremo N.° 147-2024-EF, se precisa que la amplitud de las garantías referidas abarcan las declaraciones y obligaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) establecidas en el contrato de concesión.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"La amplitud de las seguridades y garantías a que se refiere el artículo precedente abarca las declaraciones, seguridades y obligaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien actúa en representación del Estado de la República del Perú, establecidas en el Contrato de Concesión, observándose lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos", se lee en el segundo artículo de la norma firmada por la presidenta Dina Boluarte.

Anillo Vial Periférico: ¿qué empresa se encargará de su construcción?

El proyecto Anillo Vial Periférico consiste en la construcción de una autopista de 34.8 kilómetros de longitud que conectará a 12 distritos de Lima. Su trayecto iniciará en el Óvalo de las 200 millas en el Callao hasta la av. Circunvalación, en el distrito de San Luis.

El 4 de abril de 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en coordinación con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú (ProInversión) otorgó la responsabilidad del proyecto a la Sociedad Concesionaria Anillo Vial, conformada por empresas españolas Ferrovial, Acciona y Sacyr. La obra demandará una inversión superior a los 3.400 millones de dólares y generará más de 70.000 empleos, tanto directos como indirectos.

La norma del MEF especifica que la garantía establecida no constituye un aval financiero y autoriza al viceministro de Transportes del MTC a suscribir, en representación del Estado, el referido contrato.

En los considerandos del decreto supremo se menciona que el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025 contempla la construcción del Anillo Vial Periférico en Lima y Callao.

Vecinos se oponen al Anillo Vial Periférico

Según el MTC, la construcción del Anillo Vial Periférico requerirá la expropiación de 2.993 predios, ubicados a lo largo de su trayecto. Sin embargo, muchos vecinos de la ciudad se oponen a ceder sus inmuebles.

Johany Gonzales, presidenta de la Asociación de Propietarios Afectados por el proyecto Anillo Vial Periférico Lima Callao, expuso las razones detrás de la oposición de cientos de vecinos a la construcción de la nueva autopista. Según explicó a La República, este proyecto vulnera derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, la propiedad y un ambiente saludable, al mismo tiempo que considera que la obra es "desfasada" y no responde a las necesidades actuales de la ciudad.

Gonzales también señaló que la expropiación de terrenos para la construcción del Anillo Vial es inaceptable, ya que afectaría a miles de familias. "No es posible que el Estado nos quiera expropiar para hacer un proyecto que está desfasado... la asociación se ha organizado... porque necesitamos que el Estado vea que no puede expropiar a más de cinco mil casas y botar a más de veinte mil personas", declaró. Según el ayuda memoria de la asociación, la obra ignora el desarrollo urbano en las áreas afectadas, donde los vecinos han creado lazos comunitarios y construido sus proyectos de vida.

Además, Gonzales criticó la falta de consulta previa por parte de las autoridades gubernamentales antes de la ejecución del proyecto, calificando el proceso de expropiación como ilegal y contrario al artículo 70 de la Constitución Política del Perú.