El Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas Durante las Protestas Sociales (Eficavip) formalizó la investigación preparatoria contra varios efectivos policiales por muertes durante protestas sociales en Puno, que se llevaron a cabo en febrero de 2023.
Los investigados como presuntos autores del homicidio calificado son David Pablo Villanueva Yana, Manuel Fernando Alarcón Elera, Alberto Miguel Rojas Méndez, Julio Santos Mauricio Contreras, Juan Manuel Pedrera Ruiz, Víctor Pariona López, Marco Jonny Montoya Sánchez, Domingo Martin More More, Martin Ocampo Aguirre, Joel Arturo Tapia Guillen, Jaysiño Leandro Vergara Paredes y Carlos David Quispe Yasan.
Además, Julia Elisa Andrade Huanca, Jesús Rafael Alcazar Gallardo, Eder Antonio Infanzon Gómez, Henry Guzmán Lasteros, Josue David Meza Gonzales, Elvis Brayam Salcedo Hilario y Elvis Cusacani Choqueza. Ellos también son investigados por el presunto delito de lesiones graves.
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En abril pasado, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, perteneciente a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, instó al Ministerio Público a presentar la investigación preparatoria correspondiente sobre los presuntos responsables de las muertes ocurridas en las manifestaciones contra Dina Boluarte en Puno.
En la resolución emitida por la CSNJ se formalizó la notificación por parte del Ministerio Público al juez encargado de la Investigación Preparatoria para avanzar en las indagaciones, conforme con lo estipulado en los artículos 3 y 29 del Código Procesal Penal.
También se destacó la asignación de representación legal sin coste a través del Servicio Nacional de Defensa de Oficio, por lo que se asegura el acceso equitativo a la justicia para quienes no cuentan con los medios para contratar a un defensor privado.
El texto además contempló las prerrogativas y obligaciones de la persona afectada y las responsabilidades de los participantes en el proceso legal, incluidas las exigencias de asistir a las citaciones judiciales y la comunicación adecuada de las resoluciones emitidas por la Fiscalía.
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El pasado 1 de mayo, los familiares de quienes perdieron la vida durante las manifestaciones contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte expresaron su descontento ante la demora de las pesquisas realizadas por el Ministerio Público con relación a los lamentables sucesos ocurridos en diferentes áreas del país. Los familiares exigen respuestas claras y que se asuman las responsabilidades pertinentes.
En medio de estas circunstancias, Raúl Samillán, líder de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero en Juliaca, comentó que los familiares de los fallecidos están agotados de enfrentarse a obstáculos que retrasan el avance de las investigaciones. Asimismo, indicó que han transcurrido ocho meses desde que comenzaron las indagaciones preliminares y hasta la fecha no se han obtenido avances significativos ni se ha emitido una resolución definitiva.
"Todos los familiares, de todas las regiones, nos estamos autoconvocando para trasladarnos a la capital y así llevar esta primera jornada de lucha en busca de justicia y dignidad (…). Aún no hay nada, no hay personas que hayan sido detenidas, no se han identificado a los responsables directos ni indirectos", declaró Samillán en entrevista con Exitosa.