Miraflores: Empresarios compran edificio al BCP y los denuncian por banda criminal
El letrado Aníbal Aliaga Iparraguirre interpuso la acusación ante la fiscalía a nombre de una empresa dada de baja hace 14 años, con el propósito de evitar el desalojo por mandato judicial de un inmueble que alquila ilegalmente a varias familias.
La pareja de esposos y empresarios Miguel Ángel Servat Facho y Janette Eslava Córdova decidieron invertir en un edificio de departamentos ubicado en la primera cuadra de la calle San Martín, Miraflores, que le ofreció el Banco de Crédito del Perú por un monto que consideraron atractivo
Después de revisar y validar la documentación, la pareja finalmente cerró un acuerdo comercial con el banco. Esta operación tomó más de dos años en concretarse, según explicó Gabriel Servat, quien actúa en calidad de apoderado de Miguel Angel Servat y Janette Eslava.
Poco después de la transacción, Servat y Eslava recibieron en su casa una notificación del abogado Aníbal Aliaga Iparraguirre, quien se presentaba como apoderado de las empresas Inmobiliaria El Algarrobo y de Tasa Inmobiliaria e Industrial, a las que señalaba como propietarias del edificio de la calle San Martín.
Aníbal Aliaga Iparraguirre y su hijo Aníbal Aliaga Swidin, a quien contactó La República. Foto: Facebook
Aliaga les comunicaba que los había denunciado junto con representantes del Banco de Crédito del Perú por falsedad de documentos, falsedad ideológica, abuso de autoridad, extorsión, estelionato y banda criminal, entre otros presuntos delitos.
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“Después que el Banco de Crédito nos ofreció vendernos el edificio, hicimos un estudio de los títulos y confirmamos que el inmueble había sido adjudicado al BCP, como parte de un proceso judicial en ejecución y que era cosa juzgada”, explicaron Miguel Servat y Janet Eslava.
Desde las sombras
“Si bien observamos una serie de acciones que parecían tener como objetivo alargar el proceso judicial, que había durado más de 20 años, nuestro equipo legal concluyó que, dada la solidez del juicio y la reputación del Banco de Crédito, la compra del edificio era viable”, añadieron.
La pareja de empresarios desconocía que estas personas que trataron durante dos décadas de apropiarse del edificio que por decisión judicial fue adjudicado al BCP, ahora pretendían impedir mediante diferentes argucias que Servat y Eslava tomen posesión del inmueble que legítimamente les corresponde. Tampoco Servat y Eslava sabían que detrás de todo estaba Aníbal Aliaga Iparraguirre, justamente el abogado que los había denunciado por banda criminal junto con el BCP.
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Aníbal Aliaga alquila los 30 departamentos del edificio de la calle San Martín. Enterado que el BCP vendió el inmueble de Miraflores a Servat y Aliaga, emprendió una serie de acciones para evitar el acatamiento de las resoluciones judiciales.
Prácticas conocidas
“A pesar de haber resuelto todos los aspectos legales y tener un juicio en etapa de ejecución, seguimos enfrentando problemas. Aliaga continúa presentando denuncias infundadas contra nosotros y el Banco de Crédito. Su objetivo es evitar el lanzamiento, que es el paso final en un proceso de ejecución de garantías, y así poder seguir lucrando con los alquileres del edificio de manera ilegal, utilizando para ello una empresa que está dada de baja desde hace años, lo que configura un posible caso de lavado de activos”, explicaron los empresarios.
Efectivamente, Inmobiliaria Los Algarrobos, cuyo representante es Aníbal Aliaga, se encuentra de baja desde el 31 de octubre de 2010, de acuerdo con la SUNAT. Sin embargo, a nombre de esta empresa Aliaga ha denunciado a Servat, Eslava y el BCP.
La República buscó a Aníbal Aliaga en la dirección que consignó en su DNI, en la calle Los Topacios 390, Cerros de Camacho. Pero no se encontraba. Atendió su hijo, Aníbal Aliaga Swidin, quien se comprometió en comunicarle a su progenitor que este diario quería recoger su versión sobre la denuncia contra Servat, Eslava y el BCP. Nunca respondió.
Aníbal Aliaga Iparraguirre. apoderado de la Inmobiliaria El Algarrobo y de Tasa Inmobiliaria e Industrial, formuló denuncia penal contra los representantes del Banco de Crédito del Perú (BCP), Diego Cavero Belaúnde, Camilo Iberico León y Katherine Takides Rosasco, y contra los empresarios.
En la denuncia formulada contra los empresarios, Aliaga les atribuye presuntas conductas con el notorio propósito de confundir al Ministerio Público, sin presentar prueba alguna. El abogado es conocido por este tipo de acciones desde hace varios años.
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El banco responde
“Se sabe que el Banco de Crédito del Perú ha incurrido en casos de corrupción vinculados al tema judicial. En este caso denunciamos y probamos que utilizando a tres jueces civiles superiores, quienes compelieron a registrados públicos obligándolos a inscribir 10 asientos registrales ilegales y cuya nulidad debe ser declarada, intentando que tal banco se apropia ilícitamente de nuestro edificio en Miraflores mediante el uso de una escritura pública falsa”, señala Aníbal Aliaga.
Consultado por La República, el BCP rechazó las pretensiones de Aliaga.
“El señor Aliaga y sus empresas vinculadas han tratado repetidas veces de utilizar el sistema penal para revertir una decisión en última instancia y con calidad de cosa juzgada del Poder Judicial. En efecto, en los últimos años el Ministerio Público ha archivado una serie de denuncias penales interpuestas sin ningún asidero contra el banco y sus funcionarios”, explicó la entidad bancaria.
“El banco transfirió la propiedad del inmueble en su calidad de propietario el año 2023. Nunca existió ni existe mandato judicial alguno que haya impedido al banco celebrar tal transferencia. En consecuencia, la enajenación se formalizó adecuadamente por la vía notarial, luego fue validada por Sunarp (Superintendencia Nacional de Registros Públicos) y quedó inscrita conforme a ley, por lo que actualmente resulta de público conocimiento”, apuntó el BCP.
Aníbal Aliaga aparece en numerosas publicaciones como protagonista de acciones que tienen el mismo patrón de perturbar la acción de la justicia con la finalidad de apropiarse de inmuebles mediante diferentes empresas, una actividad que remite al caso del abogado Rodolfo Orellana.
Señalado por la ley
"Es importante destacar que el comportamiento de Aliaga no es nuevo, ya que ha utilizado el mismo modus operandi durante aproximadamente 25 a 30 años. Resulta llamativo que las autoridades, en particular el Ministerio Público, no hayan tomado medidas para investigar esta conducta claramente delictiva de Aliaga”, explicó Renzo Neira, abogado defensor de Miguel Angel Servat y Janette Eslava.
“La organización liderada por Aníbal Aliaga Iparraguirre se caracteriza por un patrón de comportamiento uniforme y recurrente. Este modus operandi busca confundir, engañar y violar los derechos establecidos, utilizando las mismas empresas de las que es apoderado y también abogado", agregó el abogado de la pareja de empresarios.
“Esto ha generado un gran daño a las personas y empresas afectadas, ya que han sido víctimas de fraudes y engaños que han afectado sus derechos y propiedades. La utilización de personas jurídicas para encubrir las acciones ilícitas ha dificultado la identificación de los responsables y les ha permitido operar impunemente”, precisó Neira.
