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Sociedad

La Libertad: la antracita, un mineral que ha generado crimen y corrupción

Las operaciones de 'La Gran FA' por la explotación del carbón de piedra le generaron S/500 millones al año.

larepublica.pe
Entre su modus operandi está que usaban de manera ilegal el REINFO. Foto: La República

Tras el operativo policial y del Ministerio Público que se dio a finales de mes de setiembre, contra la organización Criminal 'La Gran Family' dejó en evidencia los niveles de corrupción, la convulsión social y contaminación que genera la explotación ilegal de la antracita (carbón de piedra) en la provincia de Otuzco, en La Libertad, en donde más de 30 muertes se han producido a causa del control de este mineral, que genera más de S/500 millones al año en ganancias.

Según un informe de Explotación del carbón antracita: viabilidad del yacimiento HuaydayAmbara Serie Gerencia para el Desarrollo 31 del 2013 de la Universidad Esan, “En la zona de Alto Chicama, departamento de La Libertad, se hallan importantes reservas de carbón del tipo antracita, las cuales se explotan y comercializan de forma artesanal”. También escribe que en la cuenca del Alto Chicama se estima que existen reservas por más de 270 millones de toneladas de carbón antracita, lo que representa más del 35% de las reservas totales del país.

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'La Gran Fa'

En el operativo policial del 30 de setiembre, fueron 28 personas las que fueron detenidas y están en proceso de investigación, en la que figuran un coronel de la PNP y otros 5 efectivos más, un exgerente regional de Energía y Minas de La Libertad, entre otros que les venían haciendo seguimiento desde hace más de un año. En las escuchas telefónicas descritas en la carpeta fiscal, se señala que esta organización criminal (OC) también buscaba aprovecharse de unos proyectos de ley de congresistas en favor de la minería informal, dando mayor tiempo para el ingreso al REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), por lo que la Fiscalía tiene la teoría que los tentáculos de esta OC se extendió no solo a la PNP u otras dependencias estatales, sino también el Congreso.

 Toda esta investigación, se inició en el 2021 con las sospechas de que algo irregular ocurría en la zona de Otuzco, Charat, Huaranchal y los centros poblados de Cerro Blanco, Yagueda y Lajón y los centros de acopio en Trujillo.