El Consejo de Ministros aprobó dos decretos legislativos que modifican el Código Penal y que permitirán expulsar a los extranjeros que cometan delitos, una vez que culminen sus sentencias; y también sancionar a las personas que trasladan irregularmente a foráneos en el país, además de fortalecer el trabajo de la policía y de los fiscales a la hora de identificar a los migrantes intervenidos.
“El primer decreto legislativo modifica el Código Penal y permite la expulsión de los extranjeros cuando cometan delitos como homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro, trata de personas, entre otros delitos”, indicó el premier Alberto Otárola en conferencia de prensa.
Poco después, la PCM aclaró en una nota de prensa que la expulsión será al término de la pena de estos delitos.
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Otárola señaló que el decreto también sancionará, drásticamente, a los extranjeros que promuevan el traslado ilegal de personas, así como el reingreso clandestino de los sentenciados y expulsados.
En tanto, el segundo decreto legislativo aprobado, que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, amplía el control de la identidad de los extranjeros, de 4 horas a 12 horas, a fin de contar con el tiempo suficiente para la verificación de antecedentes policiales, penales o judiciales en su país de origen o en cualquier otro país.
Como se sabe, la frontera norte por el lado de Tumbes es prácticamente una coladera, pues la policía no se da abasto para cuidar la extensa línea que divide al Perú y Ecuador. En un reciente informe, La República demostró que existen varios pasos clandestinos por donde ingresan extranjeros sin ningún control. Además, informó sobre la existencia de mafias dedicadas a traficar migrantes.
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Al respecto, el penalista Mario Amoretti señaló que no se requiere un decreto legislativo, pues el Código Penal ya dispone que un delincuente extranjero sea expulsado del país luego de haber cumplido su pena y esto aplica para cualquier delito. “Que no engañen o no sabe lo que declaran; es muy distinto lo que declaró el premier y la nota de prensa”.
“La ley es igual para todos y quien comete delito debe ser sancionado y no debemos ser importadores de delincuentes sanguinarios, los peruanos queremos seguridad y que no se incremente la inseguridad”.
La policía aseguró que en SJL se ha reducido en un 40% la incidencia de delitos contra el patrimonio tras la declaratoria de emergencia. El alcalde Jesús Maldonado calificó de positivas estas 2 semanas.
Pese a ello, el último domingo ocurrió un asesinato en un bar de Canto Grande. Maldonado dijo que en 12 días es prematuro pedir ampliación del estado de emergencia, pero esperarán los resultados a los 60 días.
En tanto, el alcalde de SMP, Hernán Sifuentes, consideró que el balance es positivo; que se han reducido 18% los delitos contra el patrimonio y que no se ha dado ningún homicidio por sicariato o extorsión. Dijo que se han incrementado las llamadas de extorsionadores.