Lago Titicaca en Puno, camino a convertirse en una gran cloaca

Las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Puno son de vital importancia para la descontaminación del lago Titicaca. Sus vertientes reciben las aguas residuales de pobladores de diez provincias la región y otras sustancias tóxicas provenientes de la minería ilegal. Debido a los retrasos de las obras, el lago más alto del mundo, está camino a convertirse en una gran cloaca.

En abril del 2021, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) adjudicó a la Operadora Ecológica del Titicaca (Opeti), la construcción del primer componente, que consistía en la instalación de colectores a gravedad en Juliaca, Puno, Ilave, Ayaviri, Juli y Moho. También optimizaría las plantas existentes en Lampa, Yunguyo, Azángaro y Huancané.

Luego de conflictos con los vecinos, subcontratistas e inclusive la muerte de dos obreros, la empresa, hace un año, abandonó las obras, y el Estado decidió tomar acciones legales en su contra.

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Sin embargo; Opeti emitió un comunicado que, advirtiendo que el Estado Peruano contraviene el ordenamiento jurídico y pretende cobrar una carta fianza de S/172 millones 614 mil 75, medida que considera ilegal, autoritaria y arbitraria.

El documento detalla que mientras se ejecutaban las obras, Opeti informó sobre la problemática del proyecto, ya que el diseño original solicitado por el MVCS, impide el cumplimiento de las especificaciones de calidad requeridas y carece de permisos.

Al no tener respuesta en septiembre del año pasado, Opeti inició un procedimiento de terminación anticipada. Solicitó un proceso de trato directo, previo al inicio del arbitraje internacional. Sin embargo, el Estado convocó una reunión en la que no hubo acuerdo de partes.

Por lo anterior, el 15 de marzo del 2023, Opeti presentó una solicitud de arbitraje admitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (Ciadi). Por su parte, tras un año de la terminación anticipada del contrato y el cierre de obras, el 15 de septiembre pasado, el Estado declaró inválida e improcedente la terminación del contrato de concesión.

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La concesionaria da cuenta que ha invertido S/211 millones en el proyecto PTAR Titicaca, que es una deuda del Estado. La obra se ejecutaba bajo la modalidad de asociación público-privada, cuya inversión ascendía a S/630 millones.

La exregidora de Puno, Mitzi Arias, dijo que por parte de la municipalidad, se cumplió con el saneamiento de terrenos, pero Opeti incumplió con el cronograma de obras y generó perjuicios a los vecinos. Por ello desde el año pasado pidieron que se ejecute la carta fianza y se impongan sanciones a la empresa.

Piden resolver problemas

El asesor de alcaldía dela Municipalidad Provincial de Puno, Tirso Vargas, dijo que la semana pasada hubo una reunión en Lima con al alcalde Javier Ponce y funcionarios del MVCS.

El abogado precisó que lo importante es que se garanticen las obras, al margen de las controversias legales entre el gobierno y la concesionaria. “Queremos soluciones”, dijo.