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Sociedad

Se reconoce el derecho a protestar, pero el vandalismo no tiene cobertura constitucional

Entrevista. Jorge Luis Cáceres Arce. Primer vicepresidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. 

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Convocatoria. El jurista arequipeño aclara que formará parte de esta comisión ad honorem y no hay ningún interés de defender el gobierno de Boluarte. Foto: La República

Jorge Cáceres Arce es uno de los diez juristas que eligió el gobierno de Dina Boluarte para contrarrestar la narrativa de México y Colombia de que en Perú no hubo un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Cáceres aclara que la misión no será defender a Dina Boluarte si no al Estado peruano. Los cimientos de la defensa se asentarán en las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En estas se afirma que Castillo pretendió disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia fuera del orden constitucional. Cáceres califica al presidente mexicano Andrés López Obrador (AMLO) como un tremendo desinformado al sostener que Boluarte es una usurpadora. “La cercanía ideológica no puede cegar la realidad”, añade. En la entrevista, el abogado constitucionalista fue muy crítico con el derecho a la protesta que ejerce un grupo de ciudadanos. Se reconoce este derecho, pero debe haber límites, dice.

- Lamentablemente esas fueron las características de las huelgas y el Estado no tiene capacidad para poner orden.

La Sala Suprema que preside el doctor San Martín resolvió que el bloqueo de vías, interrupción de servicios básicos, ingreso violento a instalaciones públicas o privadas, destrucción de bienes sociales, públicos, culturales, la destrucción de documentos judiciales no tienen cobertura constitucional y deben sancionarse penalmente. El derecho a la protesta es fundamental sí, pero no es absoluto, debe haber límites.

- Pero, estos actos de protestas, también devinieron en represión y muertes ¿se justifican?

Ninguna muerte es justificable, ni de los protestantes ni de las fuerzas armadas, pero el Estado está en la obligación de defenderse. Tomar aeropuertos en Europa es un delito con sanciones duras para los culpables. En México, tomar vías y aeropuertos significa penas no menores a diez años, aquí es una bondad, un saludo al banderín. Por eso el pronunciamiento de la Suprema es importante. Los radicales dirán: “me estás privando de un derecho”. No es privación sino regulación, para que cuando se proteste no se incurra en vandalismo y no se limite las libertades de otros.

- Los organismos internacionales hablaron sobre ejecuciones extrajudiciales en el Perú.

Es un exceso. ¿Hubo un grupo paramilitar que ejecutó a algún líder sindical y lo puso en una fosa?

- Cayeron inocentes que no tenían nada que ver en los actos de vandalismo.

Sí, pero es inocente también el policía (al que mataron en Puno) y el niño que murió en una ambulancia y que no pudo llegar a un centro de salud por los bloqueos o los soldados ahogados en el río Ilave. No creo que haya habido una orden del comando policial o militar ¡disparen! o ¡maten! Hubo actos aislados de algún efectivo que no tuvo control. Ningún fallecimiento está justificado.

- En Estados Unidos y Francia hubo protestas sociales fuertes, pero no manifestantes muertos.

No justifico las muertes de ningún lado, pero si toman el aeropuerto de Barajas en España, las fuerzas armadas entran en diez minutos y si tiene que fallecer alguien, va a fallecer, te lo aseguro. ¿Qué hicieron en Juliaca?, tomaron el aeropuerto, infraestructura de uso público. Si se determina algún exceso aislado de algún miembro de la Fuerza Armada o de la Policía, debe haber sanciones, pero también que se sancione a quienes cometieron excesos en las manifestaciones. Hubo un abuso de un derecho a manifestarse.

- Algunos abogados dicen que Pedro Castillo fue mal vacado por el Congreso.

El presidente de la República, según la Constitución, artículo 118, inciso primero, su primera obligación moral es cumplir y hacer cumplir la Constitución. El señor (Castillo) irrumpió ambos escenarios. Su ministro del Interior, Willy Huerta, confesó que el presidente le dio la orden para detener a la fiscal de la Nación o cuando quiso impedir el ingreso de los congresistas al recinto parlamentario. ¿Esos no son delitos constitucionales? (…) Quiso disolver el Congreso e intervenir los poderes del Estado no siendo su facultad. La flagrancia está en el video donde él hace esos anuncios ante 33 millones de peruanos.

- Abogados internacionales como Zaffaroni o Guido Croxatto argumentan que los hechos no se consumaron. No hay acta suscrita por el consejo del ministros, en consecuencia el acto es nulo.

No requería un acuerdo de Consejo de Ministros, porque si este avalaba, todos serían denunciados constitucionalmente. (…) Es un golpe de Estado fallido que reunió tres elementos: la convicción de hacer lo incorrecto, pretender disolver el Congreso; rebelión, concretizar un golpe de Estado quebrando el orden constitucional y abusando del ejercicio del poder político. Sedición y conspiración, con algunos ministros, está demostrado en videos y finalmente, lo anticonstitucional es lo que está prohibido en la constitución, que un jefe de gobierno no respete sus mandatos constitucionales.

- ¿Cómo se entiende que el 54% de peruanos diga que el que dio el golpe de Estado es el Congreso y no Pedro Castillo?

Es un tema de desinformación de población que no está entendida en la materia (…) No les estoy llamando ignorantes, todos lo somos en algo (…) Hay que tomar en cuenta la opinión de la población, sí pero las calles no gobiernan, porque si no se convierte en anarquismo.

- ¿Pero el poder viene del pueblo?
Sí, pero hay representantes que deben saber encauzar las decisiones.

- Pero bajo ese concepto estaríamos diciendo que esos ciudadanos no voten.

No, yo estoy diciendo que están desinformados sobre este tema, si el golpe fue constitucional o anticonstitucional. Todos votan, saben elegir, unos se equivocan. Pregunten a quienes votaron por el señor Castillo, ¿volverían a votar por él?

- Pero, tenemos a un gobierno que está deslegitimado.

Es un gobierno constitucional cuyo acceso al mismo ha sido cumpliendo el debido proceso parlamentario de la sucesión constitucional. Presidente vacado, entra a tallar la vicepresidenta.

- ¿Y su legitimidad frente a sus ciudadanos?

Recuerde que ella fue elegida en la misma fórmula que el señor Castillo.

- Yo le estoy transmitiendo lo que se ve.

Hay gobiernos que con origen legítimo, se deslegitimizan y hay gobiernos que nacen deslegitimados y se legitimizan en las funciones. Yo creo que este gobierno nació deslegitimado por el escaso margen de la segunda vuelta entre la señora Fujimori y el señor Castillo.

- ¿No cree en las teorías del fraude?

No creo que haya habido fraude.