Puno: alcalde de Juli y entorno se salvan de prisión preventiva

La jueza María Candelaria Morales Segura, desestimó el pedido de la Fiscalía Anticorrupción de nueve meses de prisión preventiva contra el alcalde de Juli, Justo Apaza y otras seis personas, entre funcionarios ediles y empresarios. El delito es colusión agravada.

La magistrada dictó comparecencia restringida y ordenó el pago de una caución de S/3.000 soles para el burgomaestre. La medida procesal también está dirigida a Alejandro Serafín Llaza Juanito (gerente de Infraestructura), Mauro Cerpa Juárez (sub gerente de Liquidación y Supervisión), Justo Richar Payehuanca (supervisor de obra), Brandon Edwin Ramos Flores (residente de la obra) y Harol Larico Quispe (representante de la empresa Consorcio kelluyo).

De acuerdo al requerimiento de prisión preventiva, la autoridad municipal, se habría coludido con todos los involucrados para pagar a los representantes del Consorcio Kelluyo, el 100 % del costo total por la construcción de 10 canchas deportivas, cuando ni siquiera habían culminado los trabajos.

Según los documentos incautados por la fiscalía, el comité de recepción, dio conformidad del servicio e incluso la obra ya había sido recepcionada. A la empresa ejecutora tampoco se le habría aplicado penalidades por incumplimiento de plazos contractuales. La obra debió culminar en octubre, pero no se cumplió con la construcción total de la obra.

Los regidores de oposición hicieron un plantón en afueras del Ministerio Público, exigiendo cárcel para todos los involucrados.

Para la juez, María Candelaria Morales Segura, no existía pericia que determine el perjuicio al Estado y la obra estaba en proceso de liquidación. Los involucrados ahora afrontarán el proceso en libertad.

Mauricio Calli, dirigente de Juli, lamentó la decisión judicial. Alegó que es un golpe al trabajo de fiscalización de años porque estaban ante una administración con serios cuestionamientos de corrupción.

“Esta gestión ha sido una de las más corruptas de los últimos años. Las evidencias son contundentes. Pero el Poder Judicial por razones de interpretación no adoptó otra medida. Lamentamos profundamente. En conclusión el criterio de la juez les permite sanear la obra inconclusa, a pesar que ya se pasó el 100 % del costo. Eso advierte que este caso quedará impune”, dijo.

Calli, consideró que el sistema de justicia no es predictible en su actuar, sobre todo en casos emblemáticos.