Caso Solsiret Rodríguez evidencia problemas en plazos de juicio y prisión preventiva

El caso del feminicidio de Solsiret Melchorita Rodríguez Aybar pone en evidencia un viejo conflicto en torno a la prisión preventiva, sobre lo que los jueces y fiscales nunca se han puesto de acuerdo, según diversas fuentes fiscales y judiciales.

La prisión preventiva busca asegurar que el sospechoso de un delito no se fugue ni evite responder por sus actos. Pero nunca es claro si este “seguro procesal” debe ser para todo el proceso o solo para la investigación. Y entonces ¿qué pasa después?

En la vida real, los fiscales se consumen el plazo de la prisión preventiva en la investigación o presentan la acusación poco tiempo antes del límite. Eso siempre genera los problemas que vemos en el caso Solsiret.

Ahora, los presuntos homicidas Andrea Regina Aguirre Concha y Kevin Alexander Villanueva Castillo van a salir en libertad, antes de que se dicte sentencia, lo cual ha generado indignación. Por eso, para demorar un poco su excarcelación, los jueces han resuelto que para salir libres deben depositar una caución de 60.000 soles cada uno.

¿Cómo se llegó a esta situación? A pedido del fiscal Jimmy Mansilla Castañeda, el 14 de febrero del 2020, el juez de investigación preparatoria permanente del Callao, Roberto Sucno, ordenó la detención de Andrea y Kevin. Primero, con detención preliminar y luego con nueve meses de prisión preventiva.

Para esa fecha, la Fiscalía ya había comenzado la investigación. Solsiret Rodríguez había desaparecido en agosto del 2016. Tras su detención, en febrero del 2020, Andrea reveló que la joven había muerto y detalló el lugar donde ocultaron el cuerpo.

Así, antes de vencer el primer plazo de nueve meses, en noviembre del 2020, la Fiscalía solicitó una ampliación de la prisión preventiva. El juez aceptó y la amplió hasta el 12 de mayo del 2022. Desde ahí, se sabía que si para ese día no había sentencia, ambos saldrían libres, pues ya no era posible un plazo más.

El jueves 30 de diciembre del 2021, víspera de las fiestas de Año Nuevo, cuando faltaban cinco meses para vencer la prisión preventiva, la Fiscalía presentó la acusación. Recién, los fiscales le pidieron al Poder Judicial que corriera, que tenía cinco meses para notificar la acusación, realizar el control de acusación, el juicio y dictar la sentencia.

Pero los jueces observaron que la acusación no estaba completa. El 17 de enero, le pidieron a la Fiscalía corregir la acusación y se programó la audiencia de control para el 17 de febrero. Se realizó en tres audiencias: el 17, 21 y 24 de febrero últimos.

El 4 de marzo, el expediente pasó al Juzgado Colegiado, que realizaría el juicio. Este comenzó el 8 de abril, a mes y medio para concluir la prisión preventiva. Pues bien, la libertad de los acusados llega en el momento en que los jueces están escuchando a los testigos y faltaría poco más de un mes para el veredicto.

La Defensoría del Pueblo ha precisado que hay falencias estructurales y demoras en el aparato de justicia que respaldan la impunidad en el país.

Fiscalía y OCMA investigarán si hubo una demora maliciosa

El Juzgado Penal Colegiado del Callao envió un informe a la Fiscalía de Control Interno del Ministerio Público para que determine si hubo demora por parte del fiscal Jimmy Mansilla, a cargo del caso.

A su vez, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) intervino el Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria y el Juzgado Penal Colegiado, para evaluar si hubo demora por parte de los jueces.

El fiscal del caso y los jueces han aprovechado las audiencias para acusarse mutuamente de una demora que bien ambos pudieron advertir y evitar.