La fiscal anticorrupción de Lambayeque, Karim Ninaquispe Gil, rechazó este viernes 18 de marzo las declaraciones ante medios de comunicación de un abogado, quien dejó entrever que la magistrada intentaría favorecer al alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, en un presunto caso de colusión agravada.
Como se recuerda, la referida fiscal investiga al burgomaestre chiclayano y sus funcionarios por presuntas irregularidades en el alquiler de 10 compactadoras que pagó la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) a la empresa Veolia en el 2019.
“Yo rechazo tajantemente algún tipo de vínculo con el señor Marcos Gasco, tal como se quiere dejar entrever en todas esas serias acusaciones o con alguna persona de su entorno; no tengo ningún afán de querer favorecer al alcalde de Chiclayo”, manifestó Ninaquispe a La República.
Ninaquispe señaló que en las próximas semanas se darán un pronunciamiento respecto a la acusación o sobreseimiento contra los funcionarios indagados por el caso Veolia; además, anunció acciones legales contra los cuestionamientos a los que calificó de difamatorios.
“Todo funcionario o servidor público no está exento de ser cuestionado dentro de los parámetros que establece la Constitución, pero tampoco quiere decir que uno puede amparar la crítica que se transforma en una difamación o calumnia. Y si se nos quiere imputar algún hecho irregular, están los conductos ofrecidos por el Ministerio Público para hacer las denuncias respectivas. Acepto todas las críticas a mi función como fiscal y el control ciudadano, pero versiones de que habría recibido algún beneficio económico afecta mucho la imagen personal y de la Fiscalía”, sostuvo.
La magistrada comentó, a la vez, que se allana a cualquier tipo de denuncia que se formule contra su persona y aseguró que los retrasos en la investigación del caso Veolia se debe a la alta carga procesal de su despacho y falta de personal.
“(...) la investigación del caso Veolia ya concluyó y está para el pronunciamiento respectivo. Mi despacho tiene un alta carga de casos en investigación con procesados con medidas coercitivas (arrestos domiciliarios y prisión preventiva), y esto ha impedido que pueda pronunciarme en los plazos que nos da la norma. Tengo 102 investigaciones en proceso, a excepción de los casos que ya están en juicio oral”, afirmó este diario.
En otro momento, la magistrada reconoció que uno de sus hermanos trabaja en la empresa Veolia, pero recordó que esta relación de su grupo familiar fue comunicada ante la fiscal superior Giovana del Río Carreño, y pidió inhibirse la investigación.
“Los cuestionamientos también vienen porque tengo un familiar que trabaja en la empresa Veolia desde hace muchos años. Esta información ha sido comunicada en mi declaración jurada ante la Contraloría. Y es más, cuando esta investigación estaba en su etapa preliminar, yo he pedido excusarme porque podía darse en el futuro algún cuestionamiento hacia mi persona por la decisión que pudiera tomar”, acotó.
“(...) sin embargo, la fiscal superior no estuvo de acuerdo con mi excusa y decidió que yo continúe con esta investigación. Quiero dejar en claro que yo no he querido investigar este caso por algún tipo de beneficio, y que he acatado la decisión de una instancia superior. Lo ideal hubiera sido que este caso sea llevado por otro fiscal para que no se generen estos cuestionamientos”, agregó.
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