Transportistas de Lima y Callao amenazan otra vez con un paro

Los gremios de transporte público de Lima y Callao anunciaron un nuevo paro de 24 horas para este jueves 17 de marzo en demanda de “estabilidad jurídica” y la ampliación de sus autorizaciones por 10 años. El anuncio se da en la semana en que los escolares regresan a clases.

Hay que recordar que en noviembre del 2021, el exministro de Transportes Juan Silva se comprometió con estos gremios a ampliar sus autorizaciones por 10 años, perdonar sus papeletas y sacar a la jefa de la ATU, María Jara.

“No estamos diciendo que estos 10 años sean un cheque en blanco. Tienen que existir mejoras y renovación del parque automotor”, dice David Mujica, abogado del gremio de transportistas de Lima y Callao.

Luis Pareja, representante de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, refirió que además se está pidiendo la erradicación de la informalidad y un rescate financiero.

“Estamos pidiendo un refinanciamiento, un subsidio económico por la pandemia. En estos 24 meses hemos recibido solo para un mes y medio, y solo la mitad de los transportistas”.

Añadió que ya no pueden satisfacer al público, que hay vehículos que están varados y que no pueden pagar las cuotas de los créditos que tienen.

“Por la pandemia hay más de 40 empresas que no han podido seguir operando por incapacidad económica entre Lima y Callao. Hemos recibido informes de que les han embargado las unidades por falta de pago”.

Sin embargo, para Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ámbar, cuando empezó la pandemia estos transportistas no cumplieron con mejorar el servicio para recibir el subsidio económico y siguen operando sin control de GPS, no son dueños de las unidades vehiculares que usan, no tienen un vínculo laboral con sus trabajadores, no tienen caja centralizada ni tampoco recaudo electrónico.

“Cómo les pagas el subsidio si no hay reporte de las unidades vehiculares, del recorrido que han hecho. Sin esa información, ATU no puede dar subsidio”.

Agrega que el transporte tradicional, conformado por 385 empresas, no es dueño de las unidades vehiculares (combis, cúster, buses), sino que son afiliadores. Solo un pequeño grupo está en camino a la formalidad.

“El ministro Silva les ofreció 10 años (de autorización), y la ATU inexplicablemente dijo que 5 años más; es un error garrafal que la población siga utilizando un transporte ineficiente. La ATU debería insistir con la caja centralizada, recaudo electrónico. El Estado no debería aceptar esas condiciones”.

La clave

La ATU aún no ha finalizado la implementación de los 5 corredores complementarios, pues no operan al total de su capacidad. El Corredor Morado, por ejemplo, opera con solo el 15% de sus buses. Tampoco se ha convocado a licitación de las rutas de aproximación y las de zonas periféricas, que ayudaría a ordenar el caos en el transporte.

La palabra

Luis Quispe Candia, ONG Luz Ámbar

“Los dueños de las empresas de Lima y Callao se han enriquecido —en estos 30 años— sin haber generado empresas formales, por esa razón no tienen crédito en los bancos”.