Regidores de MPCH exigen a Contraloría y Fiscalía intervenir por caso compactadoras

Luego de que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) declarara procedente la ampliación de plazo para la entrega de las 14 compactadoras destinadas para el servicio de la limpieza pública, los regidores del bloque de minoría deploraron esta medida, al considerar que atenta contra los intereses del ayuntamiento, y exigieron la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

El pronunciamiento fue firmado por Jony Piana Ramírez, Orlando Puell Varas, Percy Espinoza Gonzales, Pamela Alva Carranza, Randy Vegas Díaz y Karina Villegas Campos, quienes cuestionaron la decisión de la comuna por aceptar en parte el petitorio de Consorcio Equipos y Soluciones Integrales Perú.

Cuestionamientos

En declaraciones con La República, Piana Ramírez lamentó que la MPCH emitiera un comunicado con información sesgada, al indicar que solo amplió el plazo por 25 días, ya que solo sería para las dos compactadoras de 21 metros cúbicos. En ese sentido, indicó que no se consideró los 35 días de ampliación para las 12 compactadoras de 17 metros cúbicos.

“Al comunicarse datos incompletos, entonces se trata de sorprender a la comunidad”, agregó Piana.

De esta manera, indicó que la MPCH exoneró del pago de S/ 1,6 millones a la empresa por penalidad, que implica el 10% del costo total de la obra y la garantía de fiel cumplimiento. “El alcalde (Marcos Gasco) y sus funcionarios parecen representantes del consorcio y no defensores de la municipalidad”, expresó.

También aseveró que estos hechos demuestran falta de transparencia, incluso, señaló que la entidad municipal no entregó a los concejales la solicitud de ampliación que presentó la empresa, a pesar de que lo solicitaron formalmente en aras de su función fiscalizadora. Tampoco se remitió la resolución que declara procedente en parte el pedido de la empresa.

“Estas situaciones son deplorables y vulnerarían la normativa y la inversión de S/ 8 millones para la adquisición de las compactadoras estaría en riesgo “, enfatizó.

Penalidad

Cabe indicar que el pronunciamiento menciona que la determinación de la exoneración de la penalidad se habría realizado con criterios subjetivos y antojadizos ajenos a los legítimos intereses de la comunidad chiclayana y generaría perjuicio económico al ayuntamiento.

Finalmente, Jony Piana remarcó que es urgente que la Contraloría y la Fiscalía actúen conforme a las competencias que le otorga la ley.