Municipios de Lambayeque, Piura y Cajamarca con 30% de cámaras de videovigilancia inoperativas

La Contraloría General de la República identificó que el 30% de las cámaras de videovigilancia de 21 municipalidades de las regiones de Lambayeque, Cajamarca y Piura, se encuentran inoperativas; mientras el 78% de los equipos no almacena las grabaciones por el plazo máximo de 45 días.

La entidad también realizó el operativo en los ayuntamientos de las regiones: Ancash, Amazonas, La Libertad y Tumbes, los cuales tienen misma problemática, y advirtió que esta situación afectaría el monitoreo permanente que deben realizar los gobiernos locales para brindar el servicio de seguridad ciudadana a la población.

Diligencias

La supervisión se desarrolló entre el 17 de setiembre al 25 de noviembre de 2021, con el apoyo de los monitores ciudadanos. Agregó que se realizaron 4 servicios de control en Amazonas; Ancash (10); Cajamarca (4); La Libertad (10); Piura (9); Tumbes (6); y Lambayeque (8).

En esta última región, se intervino en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, Municipalidad Distrital de La Victoria, Municipalidad Distrital de Reque, Municipalidad Distrital de Tumán, Municipalidad Distrital de Pomalca, Municipalidad Distrital de Monsefú y la Municipalidad Distrital de Chóchope.

También detectó que el 85% de los gobiernos locales supervisados tienen al menos una cámara inoperativa.

Anotó que esta situación vulneraría el reglamento de la Ley n.° 27933 y Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que establece que los gobiernos locales y regionales están obligados a implementar y garantizar el funcionamiento del sistema de videovigilancia, radiocomunicación y telecomunicaciones para la seguridad ciudadana en vías y espacios públicos.

Almacenamiento de grabaciones

Las comisiones de control constataron que las grabaciones de las videocámaras no se almacenan por el plazo mínimo de 45 días, como lo establece la ley. Esta problemática se presenta en el 78% de las comunas, lo cual conlleva a que la ciudadanía y las entidades competentes, como el Ministerio Público, no accedan al material audiovisual.

Este hecho vulnera el reglamento del Decreto Legislativo n.° 1218, que regula el uso de las cámaras de videovigilancia, y la Ley 20120 de apoyo a la seguridad ciudadana.