Agresores de mujeres a regañadientes acuden a recibir terapias

Si se compara los reportes de las personas atendidas en los Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Arequipa, víctimas de diversos tipos de violencia, se encontrará que, de enero a octubre de este año, se contabilizan 12.562 casos. Mientras que el año pasado las denuncias fueron menos: 11.229. Las denuncias siempre aumentan, nunca reducen. Esta situación es repetitiva. ¿Dónde radica el problema?

El abogado penalista Juan de Dios Medina, sostiene que hay dos errores fundamentales. En principio, no se trabaja con los agresores hasta su rehabilitación total. Por otro lado, las agraviadas tampoco son recuperadas plenamente. Esta es la primera pista que lleva a entender por qué la violencia contra la mujer, en todas sus formas, es cíclica y avanza como una espiral.

Consultada sobre este aspecto, Ruth Gallegos Esquivias, psicóloga y psicoterapeuta sistémica familiar, sostiene que el Ministerio de Salud ha previsto un paquete de atenciones para las personas que padecen de violencia. Para empezar, cuentan con 25 atenciones, que contempla terapia psicológica, trabajos en grupos y diversas actividades. Si el profesional tratante considera que debe seguir en tratamiento, puede acceder a más paquetes. Sin embargo, en este punto ocurre que la agraviada deja de asistir. El también exfiscal Juan de Dios Medina advierte que la víctima de violencia no está obligada a continuar con su recuperación y ese puede ser un punto débil.

Otra es la historia de los agresores. En la experiencia de la psicóloga Gallegos Esquivias, los varones acuden a regañadientes a recibir terapia y conminados por una orden judicial que no precisa a cuántas sesiones deben acudir. Aceptan las ocho citas básicas con los profesionales de salud mental por cumplir ante la justicia, pero niegan ser agresores. “Ellos también podrían acceder a los mismos beneficios que las mujeres, pero apenas el 1% pide el paquete completo”, indica la especialista.

Ruth Gallegos calcula que el 50% de mujeres completa el tratamiento, mientras que el 90% de varones cumple con la disposición judicial de terapia. Sin embargo, en ninguno de los casos, se puede hablar de una agraviada recuperada ni de un agresor rehabilitado, porque para ello se requiere mucho tiempo. “No solo es responsabilidad de las instituciones. Las personas tratadas no están comprometidas”, advierte.

Delitos que no paran

En la última década, las condenas por delitos contra la integridad sexual se hicieron más gravosas, pero eso no ha revertido que el número de casos disminuyan, al contrario, la tendencia es que aumenten. Si el 2020 los CEM en Arequipa reportaban 1.025 casos, hasta octubre de este año ya se contaban 1.561.

“Hace 10 años que estos delitos no tienen beneficios”, advierte Juan de Dios Medina mientras se pregunta si el Estado verdaderamente trabaja en la rehabilitación, reinserción y resocialización de los agresores sexuales.

El psicólogo de la Línea 100 Arequipa, Omar Beltrán Jibaja, sostiene que el año pasado, durante los meses más duros de la pandemia, las denuncias de los diferentes tipos de violencia crecieron en 400% a través de la línea telefónica, algo inédito.

En este punto, hay que aclarar que también existen denuncias de varones, de todas las edades, que advierten ser víctimas de violencia. No obstante, solo en este año, 10.254 casos de agresiones de todo tipo fueron realizadas por mujeres, frente a los 2.308 de reportes de la población masculina. De ese modo, Arequipa se convierte en la segunda región a nivel nacional con más casos, antecedida por Lima, con 37.506 hechos.

“Lamentablemente, la tendencia (de los casos) es al aumento. No se logra modificar el comportamiento del agresor”, lamenta la psicóloga Ruth Gallegos Esquivias, quien además explica que la violencia se perenniza cuando los hijos observan escenas inapropiadas, situación que se refuerza debido a que las agraviadas, tras desarrollar síndromes que las convierten en dependientes, continúan con sus agresores.

En un mundo ideal, dice Ruth Gallegos, debería existir igual número de centros de salud mental comunitarios que los CEM y comisarías, quizá así, de algún modo, se podrían intentar dar un tratamiento optimo a los protagonistas de estos casos.

Violencia económica

El concepto de este tipo de violencia fue ingresado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el 2017 y es más común de lo que parece, solo que aún hay desconocimiento sobre este tema y la forma en que opera el agresor afectando a toda la familia. “Es común considerar que quien tiene el dinero tiene el poder y, generalmente, en nuestro país quienes tienen mayor ingreso son los hombres, por ello cuando una mujer sufre violencia económica no siempre es porque no trabaje, sino que su pareja tiene mayores ingresos y toma las decisiones”, detalla el Observatorio Nacional de la Violencia.

Solo durante el 2020, se realizaron 72 denuncias, mientras que este año suman 58 en Arequipa y a nivel nacional son 534.

El psicólogo Omar Beltrán explica que la violencia económica es común en la clase media y se combina con otro tipo de agresiones. Por ejemplo, cuando un varón que agrede físicamente a una mujer la amenaza con dejar de proveer los recursos económicos para los gastos del hogar, el pago de alquiler y pensiones de colegios, entre otros.

El abogado Juan de Dios Medina sostiene que incluso hay varones que condicionan los actos sexuales con la entrega del sustento económico.

Ambos coinciden en que los policías deberían advertir este tipo de casos cuando las víctimas acuden a denunciar. “En la Policía existe un alto grado de ignorancia en temas de violencia económica, por lo que falta capacitación”, dice Medina; en tanto Beltrán Jibaja indica que en dicha institución hay una percepción castrense lo que lleva a una insensibilización del sufrimiento por lo que el trabajo socioemocional para con las víctimas de violencia puede ser muy reducido.