Contraloría: SBCh adquirió terreno no apto para construcción de cementerio

La Contraloría detectó que la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCh) adquirió en el 2018, mediante contratación directa y al margen de la normativa, un terreno no apto para la construcción de un cementerio en el distrito de Pimentel, por el cual pagó US$ 1 193 760,00, con un exceso de US$ 288.094.

En el Informe n.° 010-2020-2-0512, se evidenció que la SBCh, sin justificación técnica ni legal, compró el inmueble de 3,9 hectáreas ubicado en el sector Las Pampas, el cual no cumple con las condiciones exigidas para la construcción de un cementerio, según el Reglamento de la Ley de Cementerios, ni los Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios emitidos por la municipalidad de Pimentel.

En ese sentido, una de las condiciones que exige el reglamento, es que la superficie del terreno no debe estar dividida o separada por avenidas, autopistas o carreteras de uso público; sin embargo, el inmueble está dividido por la av. Colectora. Además, se determinó que el acceso al predio es por una trocha carrozable, al costado de un dren contaminado; algo que incumple la normatividad.

En cuanto al Estudio de Mecánica de Suelos, la SBCh especificó que se ha llegado a un nivel de tres metros, sin encontrar nivel freático. No obstante, la comisión de control localizó dos pozos con presencia de agua a 2.50 m. y 2.35 m. de profundidad Asimismo, el terreno tiene forma irregular, lo que dificultaría la construcción del cementerio, con el agravante de la división del terreno.

Pago irregular

Sobre el pago efectuado, la Contraloría determinó que la SBCh pagó un precio en exceso de US$ 288.094 en beneficio del propietario. Aquí se identificó la presunta responsabilidad penal y/o administrativa de dos funcionarios y nueve exfuncionarios de la referida institución.

Precisamente, este jueves 16 de setiembre, la Fiscalía y Policía Nacional participaron en la intervención de 10 de los investigados, quienes deberán cumplir una detención preliminar por el plazo de 72 horas, dictado por el juez Reynaldo Leonardo Carrillo, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque.