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Sociedad

Arequipa: ordenanza regional que transfiere tierras de Majes a GRA es ilegal

Colisiona con leyes. Norma promovida por cuestionado consejero Veto Bernal traspasa los terrenos de Autodema al gobierno regional. Hay otra ordenanza que declara intangibles esas áreas, además no se puede disponer del patrimonio de un tercero.

En riesgo. Las tierras reservadas para el proyecto Majes II están en riesgo con ordenanza de Veto Bernal. Estas podrían pasar a manos de invasores.
En riesgo. Las tierras reservadas para el proyecto Majes II están en riesgo con ordenanza de Veto Bernal. Estas podrían pasar a manos de invasores.

Por el lado que se le mire, la ordenanza que aprobó el Consejo Regional de Arequipa es ilegal. La norma fue promovida por el consejero regional Veto Bernal Huarca y sus colegas alineados a la gestión del gobernador regional Elmer Cáceres Llica. Mediante esta disposición la titularidad de los terrenos de Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), y que no son de utilidad para sus fines, pasan al Gobierno Regional de Arequipa. Eso permitiría tramitar 900 expedientes que solicitan la adjudicación o venta de los predios. La mayoría son invasiones.

“La ordenanza es ilegal y además es un absurdo. ¿Cómo va a pasar al Gobierno Regional?, ¿para qué? Para terminar de hacer el negocio de todos los tramitadores de terrenos, vendedores e invasores”, advirtió el exgerente de Autodema, Isacc Martínez. Expuso que la norma regional de Bernal, no solo colisiona con la Ordenanza Regional N° 233, que declara intangibles los terrenos para Majes Siguas II, sino que también choca abiertamente con Ley N°23350 de 1981 que crea a Autodema y estipula que tendrá patrimonio.

Además contraviene la Ley N°23720 de 1984. En su artículo 174 se le adjudica a Autodema 471 576 hectáreas de tierras eriazas para la ejecución integral del Proyecto Majes. La entidad inscribió el área en Registros Públicos en dos fichas registrales. Así, Autodema tiene la facultad de administrar su propiedad. “¿Una ordenanza regional está por encima de una ley? No tiene sentido”, indicó Martínez. En otras palabras, un tercero ha traspasado una propiedad que no le pertenece.

Pese a todo ello, la Autodema aún sigue en cura de silencio. Hace días La República busca una entrevista para conocer la versión del gerente actual de Autodema, Napoléon Ocsa, pero todas las respuestas son evasivas. Desde el área de Imagen Institucional refirieron que está ocupado en la tramitación de la adenda 13 para la reactivación de Majes II. Martínez señala que no hay pronunciamiento por desconocimiento o para favorecer este tipo de iniciativas. Además indicó que Ocsa podría estar cometiendo el delito de omisión de funciones al no resguardar ni proteger todo los terrenos adjudicados por ley.

A la mala

Cuando Bernal presentó el proyecto, no contó con sustento técnico y legal. Consultado de por qué no incluyó una opinión del principal afectado, Autodema, el consejero sostuvo que mantuvieron reuniones con el gerente Ocsa y que estaban de acuerdo. Sin embargo, la Oficina de Asesoría Legal del GRA, indicó que se debería conocer cuántos y qué terrenos deben pasar al gobierno regional.

Con esos argumentos, el consejero regional José Luis Hancco, enviará una carta al gobernador Cáceres para que observe la ordenanza de Veto Bernal. Explicó que existe un plazo de 15 días antes de que sea refrendada y publicada por el Ejecutivo regional. Mientras que su colega Kimmerlee Gutiérrez, sostuvo que pedirá el acta de la última sesión en que se ratificó la ordenanza de Bernal. Y es que el presidente del CRA, Santiago Neyra, permitió doble votación. “En la segunda votación nosotros no votamos porque ya lo hicimos en la primera. Por estas actitudes el Consejo se ha vuelto antidemocrático”, indicó.

Neyra defiende ordenanza

El presidente del Consejo Regional de Arequipa, Santiago Neyra, sostuvo que luego de la aprobación de la ordenanza es Autodema la encargada de definir qué áreas y cuántas hectáreas que no son de su utilidad deben pasar a titularidad del Gobierno Regional. Neyra defendió la iniciativa, justificando que muchas asociaciones y pueblos de distritos llevan años sin ser dueños de sus terrenos y sin beneficiarse de proyectos del Estado.

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