Congreso debe reconocer el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre como crimen organizado

La inclusión del tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre (terrestre y acuática) en la Ley de Crimen Organizado permitirá a los operadores de la justicia ejecutar acciones más eficaces contra este tipo de actividad que en un año podría movilizar hasta $ 23.000 millones. En abril de este año, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó un proyecto de ley que precisamente plantea que los delitos de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre terrestre y acuática sean incorporados a la Ley Contra el Crimen Organizado porque el Perú es una de las naciones afectadas por los traficantes con conexiones en el extranjero.

En esta semana, el pleno del Congreso debatirá el proyecto de ley que, según la exposición de motivos del mismo, tiene como propósito “acabar con la depredación y el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre que amenaza la biodiversidad y su conservación, y dotar de mejores herramientas a los operadores de justicia para su abordaje”.

De acuerdo con cifras oficiales, en el periodo comprendido entre 2000 y 2016, las autoridades hicieron 6.000 intervenciones de productos y subproductos de fauna silvestre en el país que organizaciones criminales pretendían despachar hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Este tipo de comercio ilícito y clandestino comprende a los productos hidrobiológicos, en cuyo caso los delincuentes organizados podrían movilizar hasta $ 9.500 millones cada año.

Conforme la sustentación del proyecto de ley, para tener una idea de la dimensión del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en el Perú, debe señalarse que entre 2000 y 2016 las autoridades decomisaron 66.937 animales vivos. Esto es un promedio de 4.183 cada año. Increíblemente, de las 442 especies traficadas, 59 son especies amenazadas.

”La Ley contra el Crimen Organizado brinda mayores estrategias y herramientas de investigación a jueces y fiscales, ayuda a desarticular las redes delictivas. Por ejemplo, se podrá recurrir a la intervención de comunicaciones, la participación de agentes encubiertos, el levantamiento del secreto bancario, el levantamiento de la reserva tributaria y bursátil, seguimiento y vigilancia, y la incautación de las ganancias del delito sin autorización del fiscal o juez”, explicó la directora de Políticas de la organización Oceana Perú, Carmen Heck.

Pero no solo se trata de dinero. El tráfico ilícito de fauna y flora silvestre también está relacionado con la transmisión de graves enfermedades.

”El comercio y mantenimiento de animales silvestres es peligroso, ya que muchas especies son reservorios de enfermedades al portar virus y bacterias. En consecuencia, se transforman en fuente de infección para los humanos que entran en contacto con ellas, siendo inclusive causa de la aparición de enfermedades y pandemias como la de COVID-19, una zoonosis transmitida de forma natural de animales silvestres a los humanos”, precisa la exposición de motivos del proyecto de ley.

Al respecto, el viceministro de Justicia, Felipe Paredes San Román, dijo que el origen zoonótico del COVID-19 –por transmisión de animales a seres humanos-, demuestra la enorme amenaza para la salud pública que representa este delito, por lo que su sector respalda plenamente la aprobación de la iniciativa legislativa. Carmen Heck, de Oceana Perú, señaló que uno de los rubros más afectados por las organizaciones criminales es la pesca de anchoveta.

”Una de las actividades donde se presume la existencia de organizaciones criminales es el desvío ilegal de anchoveta -destinada al consumo humano directo- para la elaboración de harina de pescado. Existe una diferencia significativa entre la producción anual de harina de pescado y la cantidad exportada en ese mismo periodo. El Ministerio de la Producción estimó, para el periodo 2012-2016, que el promedio anual de producción de harina de pescado fue de 799.000 toneladas, mientras que el promedio anual de exportación de harina fue de 867.000 toneladas”, precisó Heck.

De aprobarse el proyecto para incorporar en la Ley contra el Crimen Organizado al tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, las mafias que se enriquecen con esta actividad recibirán un duro golpe al contar los fiscales y jueces con herramientas para intervenir sus cuentas, que es lo que más les duele.