Caso Inti y Bryan: Fiscalía ha tomado las declaraciones de 78 de los 93 agraviados

La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, a cargo de las investigaciones relacionadas al asesinato de Bryan Pintado (22) e Inti Sotelo (24) en las movilizaciones sociales de noviembre pasado, informó este jueves 1 de julio que ha tomado las declaraciones de 78 de los 93 agraviados y más de 50 testigos.

A través de un comunicado oficial publicado en Twitter, se informó que el fiscal Jhousy Aburto, a cargo del caso, ha recabado 45 certificados médicos de los heridos, los mismos que fueron elaborados con las historias clínicas solicitadas a distintos hospitales y centros de salud.

“Muchos de los heridos no contaban con estos certificados debido a que fueron dados de alta sin la presencia de un médico legista y se atendieron en más de un nosocomio. La fiscalía continúa realizando esfuerzos por conseguir la documentación requerida”, se lee en el escrito.

“El Ministerio Público continúa visualizando los videos (78) de las manifestaciones registradas entre el 10 y 15 de noviembre del 2020. Entre el 1 y el 12 de julio se recibirán los testimonios de otros 20 policías”, concluyó.

Manuel Merino y Flores Aráoz entre los investigados

A la fecha, los únicos investigados por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima son el exjefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Cayas, y el exsubcomandante general de la Policía Nacional, general PNP Jorge Lam Almonte.

En tanto, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tiene bajo investigación a Manuel Merino, quien dimitió a la presidencia tras las marchas en Lima; Antero Flores Aráoz, quien fue el primer ministro del interinato; y Gastón Rodríguez, quien estaba a cargo del Ministerio del Interior.

Familias de Inti y Bryan siguen buscando justicia

El pasado 14 de mayo se cumplió medio año del asesinato de Bryan Pintado (22) e Inti Sotelo (24) en las manifestaciones sociales en contra de la asunción de mando de Manuel Merino. Mientras la investigación preliminar de la Fiscalía continúa y a pocas semanas del fin del Gobierno de transición, los deudos no tienen respuestas sobre quiénes ocasionaron las muertes de los jóvenes y están a la espera de que proceda la reparación para todas las víctimas.