La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi) denunció que varios miembros de su comunidad han sido víctimas de delitos como extorsión, amenazas y suplantación de identidad. Exhorta a las autoridades para que intervengan a los responsables y protejan al personal de primera línea que cuidan a los pacientes en UCI.
A través de un comunicado emitido este domingo 16 de abril, manifestaron que los especialistas de su grupo han tenido un protagonismo importante debido a la pandemia de la COVID-19 y detallaron que se han presentado tres actos delictivos contra los médicos intensivistas.
En ese sentido, comentan que sus miembros sufrieron suplantación de identidad “con el objetivo de realizar cobros indebidos a familiares de pacientes que requieren internamiento o seguimiento en las unidades de cuidados intensivos”.
Además, mencionan que se han presentado “denuncias anónimas con el afán de extorsionar a médicos intensivistas que laboran en dos instituciones diferentes del Estado, generando malestar en el personal médico”.
Por último, el pronunciamiento precisa que han sido víctimas de “amenazas contra la vida y la salud de médicos intensivistas de forma presencial o por redes, pretendiendo influir en el resultado de la evolución de pacientes graves o intentando coaccionar el ingreso de pacientes a unidades críticas”.
Según el Gobierno, a la fecha el Perú cuenta con 2.776 camas en las unidades de cuidados intensivos y hasta julio se podría habilitar un total de 3.000 camas UCI. Sin embargo, para atender la pandemia, al menos se necesitan 5.000, de acuerdo a lo estimado por el Ejecutivo.
“A la fecha, tenemos un orden fluctuante de 95% a 97% de porcentaje de ocupación de camas UCI. Eso significa que hay un margen de 100 a 130 de disponibilidad, que es un número fluctuante, cabe resaltar”, señaló el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), Bernardo Ostos, hace unas semanas.