Moquegua: sentencian a oficiales del Ejército por favorecer a empresa en obra
Funcionarios del Ejército Peruano beneficiaron a proveedor para la construcción de una piscina. Apelaron la sentencia, pero el Poder Judicial confirmó sus condenas por el delito de colusión agravada.
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El Poder Judicial encontró responsables del delito de colusión agravada al comandante general del Ejército Peruano en Moquegua, Jelicoe Antonio Álvarez Rivera; al tesorero Herber Jhon Tunjar Portocarrero; y al jefe la Oficina de Contrataciones y adquisiciones del Agrupamiento Coronel José Gálvez del Ejercito del Perú, Jorge Cabezas Muro.
Entre los años 2012 y 2013, los tres implicados se coludieron con el objetivo de beneficiar a un proveedor para la construcción de una piscina de la Escuela de Anfibios del Ejército en Moquegua.
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Hace unos meses, los implicados intentaron apelar la sentencia, pero la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Moquegua terminó confirmando el delito.
El Ministerio Público de Moquegua informó que los oficiales recibieron penas de ocho años con carácter de efectiva, bajo el cargo de autores del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.
La condena se dio a conocer durante los últimos días del 2020, mientras que la resolución en primera instancia fue dada en diciembre del 2019.
El caso estuvo a cargo del fiscal adjunto superior, David Díaz Lazo, de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Moquegua.
Beneficiaron a empresa
Sobre el caso, se conoce que los sentenciados cumplieron diferentes roles con el fin que la empresa Bamy obtenga la buena pro para adjudicarse la elaboración y ejecución de la obra.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron suficientes para advertir la realización de una actividad criminal colusoria, causando un perjuicio al Estado superior a los S/ 132.000, según concluye la sentencia confirmatoria.
También se confirmó la pena contra Bernardo Ángel Manzano Yucra, representante de la empresa, quien recibió una condena de cinco años y dos meses con carácter de efectiva.
Los cuatro sentenciados además deberán pagar una reparación civil de 150.000 soles a favor del Estado peruano.
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