Karim Ninaquispe: “Perjuicio a MPCh por caso Veolia sería mayor a S/ 249.000”

La investigación preliminar que abrió la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) del Ministerio Público a la fiscal anticorrupción, Karim Ninaquispe, por presunto retardo e inconducta funcional por el caso Veolia Servicios Perú SAC y la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) develaron hechos que de alguna forma afectan el desarrollo del proceso investigativo.

Karim Ninaquispe aseguró a La República que la investigación por el presunto delito de colusión contra el alcalde Marcos Gasco, funcionarios, regidores y empresarios se enmarca en una serie de incidencias, pero se respetan los plazos.

Investigación preparatoria

Luego de las denuncias formuladas en abril de 2019 por el supuesto direccionamiento en el servicio de limpieza pública, la investigación inició con la fiscal provincial Magaly Quiroz. Posteriormente, Ninaquispe asumió este caso. “Decidí excusarme para desarrollar la investigación para evitar especulaciones porque tengo un familiar que trabaja en la empresa Veolia en la ciudad de Lima, empero la fiscal superior Giovanna del Rio determinó que no había impedimento”, enfatizó.

Cuando se le preguntó por qué demoró para entablar la investigación preparatoria el 30 de setiembre de 2020, es decir a más de un año de las denuncias, respondió que el informe de la Contraloría General de la República lo recepcionó en enero de este año.

Es preciso indicar que el informe de control precisa las supuestas irregularidades en la contratación directa por un valor de un S/ 1,8 millones por el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos.

Sin logística ni personal necesario

Ninaquispe aseguró que la Fiscalía Anticorrupción no tiene el personal (administrativos y peritos) y la logística adecuada para lograr el avance de los procesos.

“En estos momentos tengo más de 70 casos complejos en curso y solo una asistente. No se cuenta con perito civil ni perito informático”, aseguró.

No obstante, anotó que solicitó una pericia financiera para determinar el real perjuicio económico en agravio del ayuntamiento chiclayano, pues la Contraloría consideró S/ 249.000. “Todo indica que el perjuicio es mayor por los diferentes hechos detectados”, expresó.