Delito de lavado de activos aumenta por minería ilegal en sierra de La Libertad

En la Región La Libertad, la provincia de Sánchez Carrión es una de las zonas donde no solo el narcotráfico se ha expandido, sino también las mafias mineras que continúan extrayendo ilegalmente el oro y contratan gente que muere en los socavones ante la inacción de las autoridades competentes.

El cerro El Toro (Huamachuco), en la referida provincia andina, es uno de los lugares donde proliferan estas mafias que se han asentado durante años. Pobladores de la zona advirtieron que algunos comuneros alquilan sus terrenos a los mineros ilegales para la instalación de pozas de cianuro y mercurio que son abastecidas con mineral robado. Y si alguien se atreve a denunciar, según consta en una investigación fiscal, recibe amenazas de muerte a través de los delincuentes contratados por las mafias que imperan en el lugar y que llegan a amasar grandes fortunas.

Los tentáculos de estas organizaciones se extienden en todo el Ande de La Libertad. En febrero la Policía desarticuló a ‘Los Topos del Frío’, que obtenía ganancias de más de $12 millones al mes por la venta de este mineral que era extraído de la sierra liberteña y enviado al exterior. Este grupo delictivo era dueño de grandes propiedades.

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En Huamachuco, por ejemplo, hay edificios que serían de propiedad de comuneros que residen en los caseríos de Coigobamba y El Toro, cuya procedencia de su patrimonio no está esclarecida. También estas mafias utilizarían como fachada a empresarios de transportes y la compra propiedades a nombre de terceros para desviar el dinero proveniente de la minería ilegal, según señalaron fuentes policiales a la prensa.

Inspección

De otro lado, personal de la Gerencia Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de La Libertad llegó a la provincia de Sánchez Carrión para verificar si la empresa Minerals Doña Julia había acatado una medida cautelar que suspendía sus actividades.

Los funcionarios, a pesar de la restricción, encontraron gente trabajando sin respetar los protocolos sanitarios. Los pobladores esperan que ante esta grave falta se apliquen las multas respectivas. Y además que se remitan las copias al procurador del Gobierno Regional para que se denuncie ante la fiscalía por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.

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