Inician investigación preparatoria contra funcionarios de la MPCh por presunta negociación incompatible

El fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lambayeque, José Guevara Gilarmas, formalizó investigación preparatoria contra dos exfuncionarios y tres regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), por el presunto delito de negociación incompatible.

Investigación y archivo

Se trata de los regidores Junior Vásquez Torres, Pedro Ubillús Falla y Randy Vega Díaz, integrantes de la Comisión de Transportes. Además de Alejandro Soraluz Piñella, exgerente de Desarrollo Vial y Transporte, y Julio Armas Alcalde, exsubgerente de Transporte.

También se dispuso que no procede seguir investigando al alcalde provincial Marcos Gasco Arrobas y siete de sus regidores, por los presuntos delitos de organización criminal, abuso de autoridad, cohecho pasivo propio, concusión, negociación incompatible y tráfico de influencias.

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La misma decisión es para los empresarios Luis Gasco Bravo (hermano del alcalde), e Igor Ernesto Garbich Ubillús.

La formalización de las diligencias se fundamentan en una denuncia acerca de que funcionarios del municipio de Chiclayo se habrían interesado indebidamente en favorecer a las empresas de transporte de carga Guie Servicios Logísticos SAC y Valle del Norte SAC representadas por Garbich Ubillús y Gasco Bravo, respectivamente.

Observaciones

Este diario accedió a la disposición de no formalización donde se precisa que se aprobó la ordenanza n.° 07 – 2019, que permite el ingreso de camiones al centro de la ciudad, con documentos técnicos que no tenían informe de alguna área de la MPCh o algún estudio de otras entidades que estaban involucradas con el transporte.

Durante la investigación, se llegó a determinar que Julio Armas Alcaldes, emitió el informe técnico n.° 176-2019, relacionado con el acceso del transporte público de carga y descarga a la ciudad de Chiclayo. En dicho informe, se estableció anillos viales obligatorios para vehículos de carga pesada hasta 30 toneladas, zonas de acceso restringido, horarios de carga y descarga, entre otros.

Además, se estableció los denominados “ingresos especiales” y casos especiales para determinados vehículos. Se consideró también las dimensiones y peso máximo y tolerancia de los vehículos y remolques.

Sin embargo, se pudo determinar que el documento no se sustentó en informe de alguna área de la MPCh o en algún estudio de otras entidades que estaban involucradas con el transporte.

También se cuestiona que el entonces gerente de Asesoría Jurídica, José Flores Cabanillas, a través de un memorándum relacionado al expediente del proyecto de ordenanza municipal, solicitó que se realice un estudio de suelos y pavimentos para determinar la viabilidad de la propuesta.

Empero, el exfuncionario Alejandro Soraluz Piñella, habría vuelto a remitir el acervo documentario al gerente de asesoría jurídica, precisando que los estudios de suelos no eran pre requisito para aprobar la ordenanza municipal.

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