Congresistas unifican tres proyectos de ley para titulación de asentamientos humanos

El congresista Mario Quispe Suárez, coordinador del grupo de trabajo para la formalización de los asentamientos humanos, sustentó el dictamen ante la Comisión de Vivienda y Construcción; además, reiteró el pedido de una sesión extraordinaria para tratar exclusivamente los proyectos de formalización y titulación de la propiedad informal, y en el más breve plazo posible elevar un dictamen al pleno para su debate y aprobación.

El grupo de trabajo decidió unificar tres proyectos de ley referidos a la formalización de la propiedad informal, luego de jornadas extensas de trabajo, donde se recogió los aportes de alcaldes y representantes de las principales instituciones para la solución de esta problemática.

El congresista Mario Quispe, coordinador del grupo de trabajo sustentó el dictamen que reúne el PL n° 5262/2020-CR, 5010/2020-CR y 5563/2020-CR, Ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y que dicta otras medidas, el cual pide que sea aprobado en la Comisión de Vivienda para pasar al pleno del Congreso de la República para su debate y aprobación.

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“Confiamos en la aprobación de este proyecto ley que permitirá que miles peruanos y peruanas de escasos recursos, que viven en los asentamientos humanos, cuenten con un título de propiedad, que les permita acceder a los servicios básicos, expresó el congresista de Alianza Para el Progreso, Quispe Suárez.

PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley comprende la titulación de las posesiones informales constituidas sobre terrenos de dominio privado del Estado y de propiedad privada o de comunidades campesinas de la costa ocupados por posesiones informales hasta el 31 de diciembre del 2015. La referida normativa facilita el saneamiento físico legal conforme lo establece la Ley n° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

La propuesta considera la exoneración del pago de tasas registrales, municipales, aranceles u otros cobros que cualquier institución pública exige por la prestación de sus servicios al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - Cofopri, para la ejecución de sus acciones y procedimientos de formalización de la propiedad predial, en el ámbito nacional. El plazo de vigencia de las exoneraciones previstas es hasta el 31 de diciembre de 2026.