En el sur más de 700 funcionarios se beneficiaron con canastas para familias pobres 

La Contraloría General de la República identificó a 4 212 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional, quienes se habrían beneficiado con canastas de víveres destinadas a las familias de escasos recursos para subsistir durante la cuarentena.

En las regiones del sur fueron 777 los funcionarios que se beneficiaron: Apurímac (198), Arequipa (130), Cusco (239), Puno (121), Moquegua (50) y Tacna (39).

Los funcionarios se habrían beneficiado a pesar de que no estar dentro de la población vulnerable, ya que perciben ingresos entre los S/ 1 200 y S/ 10 000 mensuales.

En conferencia de prensa, el contralor general Nelson Shack Yalta precisó que los resultados de esta fiscalización se obtuvieron aplicando sistemas informáticos que permiten el análisis masivo de datos, tecnología que viene implementándose para efectivizar la labor de control.

CON ALTOS SUELDOS

"Sorprende que 53 funcionarios públicos que perciben ingresos netos mayores a los 5 mil soles figuren en el registro de beneficiarios de canastas. Incluso hay dos funcionarios que perciben ingresos superiores a 10 mil mensuales”, detalló.

Los 53 funcionarios laboran en 38 entidades públicas adscritas a los Gobiernos Regionales y al Gobierno Nacional. Entre ellas las Cortes Superiores de Justicia de Ayacucho e Ica, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Universidad Nacional del Altiplano de Puno, entre otras.

Mientras que entre las entidades de nivel regional figuran trabajadores de los Gobiernos Regionales de Piura, Huancavelica, Ucayali, Apurímac, Cajamarca, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, entre otros.

“El número de funcionarios va a ir creciendo porque falta ver qué ha ocurrido con los trabajadores CAS y los locadores de servicios, así como las contrataciones de los gobiernos locales”, agregó Shack.

El contralor anunció además que la Contraloría iniciará servicios de control posterior en los gobiernos locales que habrían distribuido canastas básicas familiares a funcionarios y servidores públicos a fin de determinar posibles responsabilidades.

Además, adelantó que entregarán al Ministerio Público la información sobre los 4 212 funcionarios y servidores públicos que recibieron canastas de víveres para que, dentro de sus competencias, inicien las acciones que correspondan