Mónica Cuti
Desde que la Fiscalía del Medio Ambiente interpuso una medida cautelar que suspende la aplicación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) en 2017, acusando la depredación de la campiña, quedaron detenidos 28 proyectos inmobiliarios, según data de la Comisión de Construcción de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.
La paralización de las edificaciones y venta de terrenos provocó que existan menos proyectos inmobiliarios que puedan atender la demanda en la región, que llega a más de 80 mil familias sin vivienda propia. El estancamiento provocó pérdidas por más de 700 millones de dólares, hasta el momento.
Ante la situación, los pocos proyectos vigentes incrementaron hasta en un 30% el costo de los inmuebles o terrenos.
Milko Curie Deza, presidente de la Comisión de la Construcción de la Cámara, sostiene que los más perjudicados son las familias que necesitan de casa propia, especialmente de sectores C y D que, en su mayoría, son migrantes de otras provincias de Arequipa o regiones (sobre todo de Puno y Cusco).
Los distritos con mayor demanda, como Cayma, Yanahuara, Sachaca y Cerro Colorado, tienen los precios más caros. El metro cuadrado va desde mil 500 dólares en departamentos y desde 700 dólares el metro cuadrado de terreno. Estos precios no están al alcance de quienes más urgen de un hogar propio.
Mientras tanto, los inmuebles en jurisdicciones como Miraflores y José Luis Bustamante y Rivero bajaron su costo. Curie sostiene que se debe a la falta de demanda por los altos precios, situación que obliga a los inversionistas, por lo general de proyectos inmobiliarios pequeños, a ofertar los predios para recuperar su inversión. “Cuando una vivienda no se vende por más de dos años ya se considera un fracaso”, afirmó.
El metro cuadrado de un departamento en estas zonas bordea los 725 dólares.
Inmobiliarias consultadas señalaron que los proyectos de construcción grandes no pueden disminuir el costo de sus viviendas porque la inversión en ellos es mucho mayor que cuando se ejecuta un proyecto pequeño. Tampoco se pueden ejecutar otros, pues todas las zonas donde pueden levantarse están en sectores que estaban en proceso de cambio de uso (de agrícola a urbano) o que en un futuro pueden ser revertidos.
Ante los costos poco accesibles de los proyectos inmobiliarios, algunas familias optan por adquirir predios en asociaciones de vivienda que ilegalmente ocupan terrenos del Estado.
En las partes altas de Cerro Colorado, Yura, Cayma, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Paucarpata, Miraflores, Yarabamba, Quequeña, Mollebaya, entre otros, se dan los conocidos traspasos, donde los posesionarios (invasores) venden los terrenos ocupados al precio que creen más conveniente, pues no realizan ningún tipo de tasación. Por ejemplo, un terreno de 120 m2 en pueblos como Apipa, en Cerro Colorado, puede costar hasta 20 mil soles, mientras que un terreno de 260 m2 cuesta 98 mil soles.
El riesgo es que no tienen título de propiedad y están ubicados en zonas de riesgo (quebradas, faldas del volcán, rellenos, etc), además que no garantizan servicios básicos como agua, luz y pueden ser desalojados, pues el terreno le pertenece al Gobierno Regional de Arequipa o a la comuna provincial.
El Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de la comuna provincial registra los sectores donde Arequipa puede expandirse. Una de las zonas con mayor posibilidad de crecer es el Cono Norte de la ciudad, pero varios de estos lugares están usurpados, como los alrededores de la vía Arequipa-La Joya, complicando la posibilidad de desarrollar proyectos a futuro.
Los lugares que consigna el PDM son rústicos y recién podrían desarrollarse a partir de 2025, siempre y cuando se facilite su habitabilidad (creación de vías de acceso, servicios básicos). La mayoría de esos predios le pertenecen al Gobierno Regional.
El decano del Colegio de Arquitectos, Félix Solís, solicitó a las autoridades evitar más invasiones. “La gente podría ocupar esos lugares pero cumpliendo las normativas, de forma ordenada y dejando zonas de aporte”.
Fuente: Urbania y Nexo Inmobiliario/ Fondo MiVivienda. Infografía: La República/ L. Huaranca