Incumplimiento. Solicitud será formulada ante el Poder Judicial, en caso que el gobernador Licona no entregue información faltante sobre obra del hospital Antonio Lorena. Se le otorgó cinco días para cumplir con requerimiento.,La Comisión “Lava Jato” del Congreso de la República evalúa solicitar ante el Poder Judicial el allanamiento de las oficinas del Gobierno Regional de Cusco. Esto a raíz de que el gobernador regional Edwin Licona no entregó toda la documentación requerida por el Parlamento de la ejecución de la obra del hospital Antonio Lorena. PUEDES VER: “Vamos a entrar pero hay que pagar S/ 2 mil y luego 20 soles por vehículo" La advertencia la hizo la presidenta de esta comisión investigadora, Rosa Bartra Barriga, durante la sesión realizada ayer en Lima, luego que Licona no concurrió ante dicha comisión. En esta cita, la autoridad regional debía esclarecer los pagos realizados a la empresa OAS, encargada de la ejecución de dicha obra. PAPELES INCOMPLETOS Esta comisión investigadora remitió a Licona el oficio Nro. 0560, a través del cual le informa que se le solicita, por tercera vez, que cumpla con remitir los expedientes técnicos completos de contratación de la obra “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del hospital Antonio Lorena nivel III-1 Cusco” y del concurso público Nro. 005-2010-GR-Cusco (supervisión de la obra). En este documento se detalla que tras la revisión de la última entrega hecha por la gestión de Licona, se evidenció que está incompleto el expediente técnico de contratación. Además, faltan los documentos sobre el requerimiento del área usuaria, estudio de mercado, disponibilidad presupuestal, valor referencial, aprobación del expediente de contratación, informe de la conveniencia de convocar el proceso por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y otros papeles relevantes. La comisión “Lava Jato” le otorgó cinco días hábiles para que Licona cumpla con entregar toda esta documentación, caso contrario le advierte que hará uso de los apremios que la ley le otorga y se solicitará el allanamiento de la sede regional. JUSTIFICACIÓN Licona fue citado hasta dos veces consecutivas ante este grupo de investigación del Hemiciclo y no asistió. Sin embargo, el gobernador a través del oficio Nro. 644 de fecha 25 de octubre solicitó la reprogramación de esta convocatoria bajo el argumento que el 30 de octubre sostendrá reuniones con pobladores de las provincias de Espinar y Chumbivilcas, en las que actualmente existen conflictos sociales. La legisladora fujimorista sostuvo que al haber una justificación a su inasistencia y solicitado que se le reprograme su citación, Licona no será citado de grado o fuerza. La República intentó comunicarse con el gobernador regional Edwin Licona para recabar su versión, pero nunca respondió a las reiteradas llamadas realizadas a su teléfono celular. No obstante, voceros del Gobierno Regional aseguraron que se ha cumplido con remitir la información requerida sobre el expediente de contratación y el expediente técnico del concurso público. Además precisaron que son un total de 38 archivadores y que hubo demoras en el traslado de toda la información requerida porque fue por vía terrestre. INASISTENCIA DE VARGAS El consejero regional Víctor Vargas Santander, quien también no asistió a la citación de esta comisión investigadora, sostuvo que el oficio para su concurrencia fue remitido recién el viernes a las 11.15 horas, por ende, no logró obtener la autorización del Consejo Regional y tampoco pudo acceder a un pasaje aéreo para viajar hasta la ciudad de Lima. Sin embargo, aseguró que cumplió con remitir toda la investigación realizada en 2015 sobre las presuntas irregularidades detectadas en la ejecución de la obra del hospital Lorena. Se entregó documentación referidos al proceso del convenio con UNOPS, la buena pro otorgada a la empresa OAS, el incumplimiento de plazos de OAS, el incremento de la obra, las sobrevaloraciones detectadas tanto de OAS y la empresa supervisora Cesel. Asimismo, se envió información valiosa que evidencia que la actual gestión no efectivizó las cartas fianza y tampoco interpuso una demanda contra OAS por el incumplimiento de obligaciones.
