Fiscalía presentó denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Walter Ayala

Mediante una publicación de Twitter, el Ministerio Público informó que la fiscal Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro de Defensa Walter Ayala Gonzales por el caso ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó denuncia constitucional contra Pedro Castillo Terrones y Walter Ayala Gonzales, por el caso denominado ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú", se lee en la publicación.

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Según la denuncia presentada, tanto el expresidente Castillo como el exministro de Defensa Ayala estarían siendo señalados como posibles responsables de delitos como abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho pasivo propio, entre otros.

El exmandatario Castillo está cumpliendo una detención preventiva de 18 meses en la prisión de Barbadillo, en Lima, debido a su intento fallido de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Además, en marzo de este año, se le impusieron otros 36 meses de detención por la supuesta participación en delitos como organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

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El último 3 de julio, desde La República, se reportó que la Corte Suprema dictaminó que Fiscalía debe llevar a cabo la formalización de la investigación que abarca al expresidente Pedro Castillo, o, de lo contrario, existía la posibilidad de que se archive. Esto era primordial, pues tras ello se permitiría que el Ministerio Público avance hacia la fase preparatoria en relación con el mencionado caso de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

En la resolución a la que accedió este medio de comunicación, se señala que el abogado de Ayala, Romel Gutiérrez Lazo, solicitó que “se archive el caso en su contra por entender que no existen elementos de sospecha” para su defendido. Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que el fiscal y equipo a cargo deben pronunciarse, pero que las diligencias e información recabada conservarán su validez y que no se anularán.

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