Corre, fiscal, corre. José Domingo Pérez tiene hasta el 27 de enero para salvar el juicio contra Keiko Fujimori

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez tiene hasta el lunes, 27 de enero de 2025 para buscar salvar el juicio del caso cócteles sobre presuntos aportes ilícitos en la campaña electoral de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori en las elecciones del 2006 y 2011.

Si en los siguientes 10 días hábiles no logra revertir la decisión del Tercer Juzgado Penal Nacional Colegiado que anuló el juicio y las 35 audiencias públicas realizadas desde el 1 de julio de 2024, este se habrá quebrado definitivamente y todo deberá comenzar de nuevo.

Este es el plazo máximo que establece el Código Procesal Penal para proseguir con las audiencias de un juicio público. Si transcurridos 10 días, sin contar sábados, domingos y feriados, por el motivo que sea, no se puede reiniciar una audiencia, el juicio siempre debe comenzar de nuevo.

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De tal manera que, por ejemplo, si la Sala de Apelaciones Nacional le da la razón en el día 11 o el día 20, igual todo comenzará de nuevo. Así, la única alternativa que tiene el fiscal Pérez para salvar el juicio es que busque acelerar todo el proceso de apelación, en otras palabras, empezar a correr y correr a toda velocidad.

Los obstáculos que debe sortear en esta carrera

El tiempo no se detiene, el plazo tampoco ya está corriendo. Hoy estamos en el día 1. Lo primero que debe pasar es que el Tercer Juzgado Penal Colegiado de respuesta a la apelación que presentó Pérez en la audiencia del 13 de enero. Si admite a trámite la apelación, los jueces deben disponer que se organice el expediente que tiene más de 100 cuadernos para elevarlo a la segunda instancia, de manera física.

A continuación, una vez que el expediente esté en la Sala de Apelaciones Nacional, este tribunal debería abocarse de inmediato a su estudio, notificar a las abogados de los 32 procesados el documento de apelación y convocarlos a una audiencia pública presencial o virtual. Allí se discutirá lo sucedido a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional y se debe resolver de inmediato.

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Una apelación común y corriente suele demorar un par de meses por la alta carga que soportan los órganos judiciales. Los únicos casos donde existe un poco de celeridad, que reduce la espera a un mes, es cuando uno de los procesados está privado de su libertad . En el caso Cócteles, en este momento, no hay detenidos.

Lo que puede venir

Las fuentes son pesimista, pues no se trata solo de que el fiscal Pérez corra, sino que haga correr a todo el sistema judicial. Ante esta realidad, consideran que la fiscalía debería buscar objetivos alternativos a partir de la apelación. Por ejemplo, pedir a la Sala de Apelaciones que defina los términos en los que se ejecutará la sentencia del TC.

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¿Quién corregirá la acusación? ¿El expediente regresará al despacho del fiscal José Domingo Pérez? ¿Será el juez de investigación preparatoria el que extirpe los hechos de la acusación sorpresiva detectados por el Tribunal Constitucional? ¿El nuevo Control de Acusación se limitará a corregir la acusación sorpresiva? ¿El debate del nuevo control de acusación todos los argumentos y pruebas?

El panorama que aparece en el horizonte es desolador para el Equipo Especial Lava Jato y el caso cócteles . Lo que deberían suscitar una reacción del Poder Judicial y el Ministerio Público. Más allá de las responsabilidades individuales y personales, está en juego la credibilidad y eficiencia del sistema judicial y fiscal.